El pleno municipal de este viernes comenzó con un duro golpe para el gobierno de Ada Colau, que retiró su proyecto de crear un tanatorio público por falta de apoyos. ERC no compartía el procedimiento y se desmarcó de la propuesta de Eloi Badia, político de perfil duro y mal estratega, en una cuestión muy delicada que el consistorio ha encarado con poco tacto y medias verdades.
Badia, dice, volverá a intentarlo. Tal vez necesita justificarse ante sus bases, a las que silencia que el Ayuntamiento, propietario del 15% de Serveis Funeraris de Barcelona, ha aprobado las tarifas de los últimos años que tanto critica en sus foros. En un ejercicio de transparencia también podría decir que Cementiris de Barcelona, la empresa municipal, ingresa tres millones de euros anuales y tiene la exclusividad de las urnas y los crematorios.
A diferencia de Gerardo Pisarello, a quien le gusta entretenerse con su móvil en las comisiones municipales, el teléfono de Badia parece tener bloqueadas todas las llamadas que recibe de SFB, ya sea de su cúpula o de los sindicatos. Estos, curiosamente, se sintieron aliviados al desactivarse la propuesta del consistorio, mientras que los responsables de Mémora todavía esperan un encuentro con el regidor de Presidencia, ausente desde hace un año y medio de todas las comisiones de la compañía (el Ayuntamiento tiene dos representantes).
Badia ha perdido la primera batalla porque no ha calculado bien los tiempos. La suya ha sido una derrota importante. Tiene muchos frentes abiertos y su política de municipalizar algunos servicios no responde a motivos económicos sino ideológicos.