El resultado de las elecciones municipales de 2015 constataron el inesperado triunfo de Barcelona en Comú y una gobernabilidad muy complicada. El partido de Ada Colau logró 11 de los 41 concejales en un Ayuntamiento demasiado fracturado, con siete fuerzas políticas representadas. Desde hace un año, gobierna con el respaldo del PSC, que obtuvo tres concejales, pero el matrimonio de conveniencia saltará por los aires tras las profundas discrepancias entre los dos socios sobre los últimos acontecimientos vividos en Catalunya.
Colau y los suyos aparcaron su teórica neutralidad en el procés. Los comuns, presionados por su sector más independentista, facilitaron la apertura de colegios electorales el 1 de octubre y tendieron la mano a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Desde entonces, las tensiones se han multiplicado y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya finiquitará la buena sintonía entre la alcaldesa y Jaume Collboni, líder del PSC en el Ayuntamiento.
La gobernabilidad, en Barcelona, también está muy tocada. Los flirteos de Colau con las fuerzas independentistas, bendecidas sobre todo por Jaume Asens, apuntan a un pacto entre los comuns y ERC, que obtuvo cuatro concejales en 2015. El nuevo escenario sería otra consecuencia de los daños colaterales del procés, que prácticamente ha anulado la agenda municipal desde principios de septiembre.
Colau se encuentra ante un encrucijada que puede pasarle factura porque un pacto de gobierno de Colau con ERC no contará con el visto bueno mayoritario de las bases de los comuns. La alcaldesa condicionó su respaldo al referéndum al apoyo del partido republicano a su proyecto sobre el tranvía, pero la gobernabilidad resultaría mucho más inestable que en los últimos meses. Colau seguiría gobernando en minoría y necesitaría del respaldo de la CUP y del PDeCAT para sus nuevos proyectos, un entramado poco menos que surrealista que confirmaría que el procés lo dinamita todo.