En estos momentos en que los debates populistas están a la orden del día, como sucede en Estados Unidos y en algunos países de Europa, hay una serie de temas con los que no se puede jugar. Uno de ellos es el del suministro del agua en Barcelona.

Este jueves asistí a una intervención de Ángel Simón, presidente ejecutivo de Agbar, en la sede de la Cámara de Comercio de Barcelona. En la misma, pude captar la importancia de una gestión profesionalizada del agua y su impacto en la ciudad.

En un tono pausado y dialogante, Simón expresó la fortaleza de una compañía con 150 años de historia que forma parte de la historia de Barcelona. De su ADN. Porque Agbar ha dado respuestas a los ciudadanos desde 1867, en los periodos de bonanza económica y, sobre todo, en los años más complicados.

Permítanme que haga una reflexión que encuentro interesante, aunque pase desapercibida para los políticos.

Con un discurso muy didáctico, con muchas referencias históricas y con un marcado tono social, Simón también aportó cifras que desaconsejan una intervención que, personalmente, pienso que tendría un impacto muy negativo para la capital catalana y sus habitantes.

En tiempos de tópicos y poca profundidad, bueno sería que los barceloneses supieran que Agbar ha bajado el precio del agua un 2,5 %. A muchos también les sorprenderá que la compañía sólo ingresa el 34% de las facturas que pagan los ciudadanos y que abona un canon de 15 millones de euros anuales en todo el área metropolitana.

Eloi Badia, regidor de Presidencia, Agua y Energía, debería estudiar el tema en profundidad antes de hablar y proponer la municipalización del servicio con la finalidad de contentar a sus fieles. Las últimas experiencias no fueron muy positivas, pero el actual equipo de gobierno parece estar más preocupado por aparentar que por gestionar.

Agbar, una compañía que siempre ha estado junto la ciudadanía y las administraciones, ha sido sensible con la realidad de las personas más desfavorecidas, mucho antes de que el Gobierno aprobara la Ley de pobreza energética. Desde 2012, 16.400 familias (unas 50.000 personas) se han beneficiado de las bonificaciones de la compañía, tras una inversión de 5,7 millones de euros para evitar los cortes de agua. Otras compañías no pueden decir lo mismo.

El debate abierto por el actual Gobierno de la ciudad es más interesado que real. Con el agua, un derecho básico para cualquier persona, no se debería jugar ni frivolizar. Hoy por hoy, no hay motivos para la municipalización. No garantiza un mejor servicio ni, mucho menos, un abaratamiento de las facturas.