"No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo porque no es bueno para el mundo del trabajo ni para la economía en general”. Así se expresaba el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, hace unos días. El Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han acordado crear un grupo de trabajo que analice la viabilidad de ese salario mínimo. En los estudios realizados hasta ahora por estas administraciones se calcula que el salario mínimo de referencia en Barcelona debería ser de 1.088,5 euros y en los municipios de la AMB, de 1.049 euros.

Pisarello hizo esas declaraciones coincidiendo con la celebración del Salón de la Educación. Por allí desfilaron decenas de miles de jóvenes –solos o acompañados de sus padres- a la búsqueda de la carrera universitaria más adecuada o atractiva para sus intereses. Muchos de ellos se llevaron las manos a la cabeza cuando descubrieron que las matrículas anuales a esas carreras costaban más de 8.000 euros. 

Esos precios corresponden a las carreras que se cursan en las universidades privadas. Pero las universidades públicas hace tiempo que dejaron de ser baratas. No digamos ya gratuitas, como se reivindicó en su momento. Un curso cuesta en ellas actualmente más de 2.000 euros. Encima, el truco de los centros adscritos a universidades dependientes de la administración cuela como públicas enseñanzas que no bajan de los 8.000 euros.

Cataluña es un curioso país donde unos diputados anticapitalistas son imprescindibles para aprobar unos presupuestos que mantienen las tasas públicas universitarias más caras de España y van y los votan. Y lo hacen al mismo tiempo que sus ramas juveniles se cubren el rostro en manifestaciones contra esas tasas, destrozan mobiliario urbano y amenazan de muerte al secretario general de Universidades del gobierno catalán.

Barcelona necesita que sus trabajadores cobren más de mil euros. Pero también necesita que sus estudiantes universitarios no tengan que hacer frente a unas tasas desorbitadas. 

Y si tienen alguna duda sobre ello déjense caer el año que viene por el Salón de la Educación y pregúntenselo a los jóvenes aspirantes a universitarios y a sus padres a los que dolerá rascarse del bolsillo los seis euros que costará acceder al recinto. Si es que a las entradas no le suben también las tasas.