Desde hace unos días cuelga del balcón central del Ayuntamiento una pancarta que reclama “Libertad para los presos políticos”. Tiempo atrás aparecía y desaparecía periódicamente otra que rezaba “Welcome refugees”. Nunca hemos visto ninguna que, desde ese lugar privilegiado, clame por el fin de la austeridad que tanto daño ha hecho a los ciudadanos en los últimos años.

Posiblemente a la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, le haya pasado por la cabeza pintar en una tela blanca “Basta ya de austeridad” y exhibirla a los barceloneses y los turistas que crucen la plaza de Sant Jaume. Hace unos días, Ortiz, en su calidad de presidenta del Fórum de Asuntos Sociales de la red ‘Eurocities’, firmaba, en Göteborg, junto a los representantes de 140 municipios europeos el manifiesto “Derechos sociales para todos”.

En ese documento, las principales ciudades del continente se dirigían a los gobernantes de sus países y de la Unión Europea para recordarles que “las políticas económicas –fiscales y presupuestarias- deberían apoyar las políticas sociales, sustituyendo los programas de austeridad por medidas de inversión social”.

“La cohesión social se ha ignorado durante demasiado tiempo a nivel de la Unión Europea en detrimento del crecimiento económico. Ahora es el momento de actuar. Menos palabras y más coherencia entre la economía y los derechos sociales”, dijo la concejal en la ciudad sueca. Esa actuación contra las políticas de austeridad es, según el manifiesto, “más urgente que nunca, teniendo en cuenta la pobreza y la desigualdad crecientes en todas las ciudades de Europa, que están poniendo en riesgo nuestro modelo social”.

Leía este dechado de buenas intenciones mientras veía a unos metros de mi domicilio otras pancartas que cuelgan de las terrazas de un edificio en la esquina de las calles Doctor Trueta y Badajoz. “Nos echan de casa”, “Un derecho, una casa”, “Amamos el Poblenou”,… se lee en ellas. Y es que un fondo inversor ha comprado ese bloque y pretende echar a sus actuales inquilinos. Son esos fondos que piden austeridad a las administraciones públicas para poder seguir haciendo sus negocios ajenos al sufrimiento de los vecinos que se verán obligados a abandonar sus casas y su barrio.

“Menos palabras y más coherencia entre la economía y los derechos sociales”, reclama el gobierno municipal.

¡Que se vea!