Ada Colau se gusta cuando habla de lo humano y lo divino, de Puigdemont y Rajoy, de su antigua novia italiana y de su guerra al automóvil. Nada dice, en cambio, de la subida de la T10 y, mucho menos, del mayor escándalo de su gestión como alcaldesa: el derrumbe de 144 nichos en el cementerio de Montjuïc. Y las familias afectadas todavía esperan una explicación suya, ni que sea porque es la primera autoridad de Barcelona.

Escandalosa también es la actitud de Eloi Badia, uno de los ideólogos de los comunes. El concejal de presidencia es el que le genera más problemas en tiempos de poca gestión y mucha gesticulación. Temerario resulta que Badia persista en su idea de crear un tanatorio público cuando es incapaz de resolver la crisis de Cementiris de Barcelona. Su silencio también es bochornoso.

Y más suarrealista, y lamentable, es la bula que tiene Jordi Valmaña, director general de Cementiris y, posiblemente, uno de los personajes más siniestros e indescifrables de Barcelona. Nacionalista confeso, ha controlado los entresijos de Cementiris con una gestión opaca que comenzó con el PSC en el Ayuntamiento, continuó con Convergència y persiste con Barcelona en Comú.

En las oficinas de Montjuïc se despotrica de Valmaña y sus elevados gastos de representación. Los trabajadores incluso bromean con su parecido físico con el actor Bob Gunton, el corrupto alcaide de la película Cadena Perpetua, pero las risas se acaban cuando alguien recuerda los sucesos del 15 de septiembre.

La gestión posterior al hundimiento retrata el talante autoritario de los máximos representantes de Cementiris, su falta de sensibilidad con las familias afectadas y su nula autocrítica. Ni dimite Badia ni se tambalea Valmaña, quien dos días antes del derribo (y el mismo día 15) no quiso llamar a los bomberos cuando se detectaron las primeras grietas y se resiste a las pruebas de ADN para identificar los cadáveres. Ante tanto despropósito, es normal que las familias estén hasta el gorro de sus representantes.

Ninguneados de forma sistemática, los afectados piden un trato justo y su perseverancia puede tener un efecto devastador para Badia y Valmaña, de quien ya se sabe que ocultó otros episodios que retrataban la dejadez de sus instalaciones.

Las quejas ante la Síndica de Barcelona se multiplican y Metrópoli Abierta ha sabido que siete años antes del hundimiento del bloque de nichos, Cementiris ya recibió una queja que alertaba de desperfectos, grietas y desprendimientos de la construcción que se desplomó. Entonces, la empresa reparó los daños, pero no hizo lo mismo en otra ocasión, cuando una familia tuvo que comprar el material y arreglar los desperfectos. Tampoco hubo respuesta en septiembre de 2016, cuando otra familia denunció nuevas grietas y la rotura del mármol de una sepultura.

Los afectados piden respuestas y que alguien asuma responsabilidades. No se conforman con una indemnización económica exprés para comprar su silencio. Quieren justicia, la misma que les niegan Colau, Badia y Valmaña.