Ada Colau está más sola y aislada que nunca. Sin presupuestos y sin el rescate de ninguna fuerza política que garantice una mínima estabilidad para gobernar Barcelona hasta las elecciones de 2019. La ruptura con el PSC fue un monumental error y, a falta de gestión, sólo le quedan los habituales brindis al sol con el respaldo de su claca mediática.

Poco, muy poco, trascenderá de su obra de gobierno, que se apaga día tras día. Ni unirá el tranvía por la Diagonal ni resolverá el problema de les Glòries. La movilidad de Barcelona es un caos y la construcción de carriles bici sin ton ni son agrava el malestar de una ciudadanía que reclama respuestas, harta de tanta demagogia y gesticulación. No basta con declararle la guerra al coche y no hacer nada por mejorar el transporte público, más allá de aprobar la subida de la T10.

En tiempos de Colau los desahucios se han multiplicado en Barcelona y la construcción de pisos sociales ha caído en picado con un gobierno, presuntamente, progresista. El desprecio al turismo, con capítulos de turismofobia tolerados e incentivados desde plataforma próximas, también pasa factura a una ciudad que vive una peligrosa encrucijada.

Sin un modelo de ciudad, Colau comprendió tarde que la pérdida de la EMA era un duro golpe para Barcelona y ahora intenta evitar la fuga del Mobile, el mismo certamen que maltrató tras alcanzar la alcaldía. Mucho más patético es su silencio en la crisis de Cementiris de Barcelona, empresa municipal presidida por Eloi Badia.

Badia, el gran ideólogo de los comunes y sus chapuzas, también fracasó con el contrato energético municipal y ahora está obcecado con la municipalización del agua, inspirándose en el modelo franquista que, presuntamente, deberían rechazar. Tan sonado ha sido el fracaso de la plataforma Aigua és vida en la recogida de apoyos que Colau ha activado toda su maquinaria para intercambiar cromos de la manera más perversa posible, buscando alianzas con sectores a los que había ninguneado y despreciado como los estibadores y los taxistas.

En tiempos de incertidumbres y malestar por la concesión de 3.000 licencias a Cabify, Colau promete su apoyo a la plataforma Élite Taxi, la más combativa del sector, a cambio de que éstos publiciten sus mensajes. Unos mensajes tendenciosos y perversos, porque la alcaldesa y los suyos distorsionan la realidad a los ciudadanos.

La colaboración público-privada ha funcionado perfectamente durante 150 años y sólo uno de cada tres euros que pagan los barceloneses de su factura es para la empresa suministradora. Justo sería también que Colau y Badia dijeran que la remunicipalización del agua sería muy costosa y asfixiaría cualquier ayuda a las entidades más necesitadas, las mismas que lamentan el distanciamiento y los silencios de quienes prometieron una Barcelona más justa.