Se aproximan las elecciones municipales y es hora de hacer balance de la gestión desarrollada por la alcaldesa Ada Colau. De entrada, la insigne regidora ha batido un récord poco común: el de ser reprobada por el pleno del Ayuntamiento nada menos que seis veces.

La última censura ocurrió este martes, cuando se dio cuenta del fiasco garrafal del Plan de Barrios, que en teoría había de revertir las desigualdades en 16 zonas de las más problemáticas.

Ante tan reiterado vapuleo, Colau presentaría de inmediato la dimisión si tuviera un mínimo de dignidad. Pero no se pueden pedir peras al olmo. ¿A qué se iba a dedicar la dirigente antisistema, si antes de entrar en el Ayuntamiento no alcanzaba ni siquiera la categoría de mileurista?

Una de sus propuestas estelares fue la vivienda. Ella misma alardeaba de poseer la varita mágica que acabaría de una vez por todas con la “especulación” y con los odiosos agiotistas.

Colau ejerció de okupa en tiempos no muy lejanos. Así que de viviendas y locales debe saber más o menos lo mismo que un especialista en allanamientos de moradas.

Los compromisos electorales de la edil comunista se centraron sobre todo en dos campos de actuación. Por una parte, anunció que pondría fin a los desahucios. Y por otra, que terminaría de una vez por todas con la subida del precio de los inmuebles, tanto en venta como en alquiler.

Lo cierto es que hay que ser un cándido bendito o creer a pies juntillas en los milagros, para confiar en que Ada sería capaz de semejante doble hazaña.

Que se sepa, ni Colau está por encima de la Ley Hipotecaria, ni tiene potestad alguna para embridar o derogar otra ley bien conocida, la de la oferta y la demanda.

Cuatro años después de aquellas fastuosas promesas, los resultados son demoledores. Desde que la ultraizquierdista ocupa la alcaldía, en la Ciudad Condal se ha desahuciado a 16.000 familias. Esta cifra equivale a un promedio de 4.000 por año, o sea, 11 desalojos cada día, incluidos fines de semana y fiestas de guardar.

Hay otro dato desalentador. Los desahucios ya no se originan por el impago de la hipoteca, como acontecía durante la pasada crisis. Ahora, el motivo principal es que los inquilinos de las viviendas no pueden atender el canon arrendaticio. Años atrás eran minoría. Hoy representan ocho de cada diez expulsados.

El ofrecimiento de Colau de poner coto al alza de los alquileres es otra tomadura de pelo. Desde que la activista ostenta la vara de alcaldesa, el precio de los arrendamientos se ha disparado casi un 40%, y lo que te rondaré, morena.

Porque su infame política de vivienda está llamada a provocar indefectiblemente otra alza desaforada de precios. Colau ha obligado “manu militari” a los promotores a destinar el 30% de sus edificios a vivienda social.

Y esta medida demencial ya está presionando sobre el sector mediante una doble cuña. Por un lado, el número de nuevas promociones se ha derrumbado y amenaza con evaporarse por completo, con la consiguiente pulsión alcista sobre los precios de los pisos ya existentes.

Por otro, las nuevas construcciones que se levanten sufrirán un enorme encarecimiento, pues es evidente que los promotores no van a renunciar a la obtención de beneficios, por mucho que Colau se emperre en lo contrario.

El corolario que se desprende de su desastroso mandato es tan evidente como lapidario: constituye un dislate imperdonable poner una urbe de la importancia de Barcelona en manos de un personaje cuyo bagaje intelectual y laboral es próximo al cero absoluto.

Colau reúne unos rasgos de efectos letales en todo gestor público: una osadía y una ignorancia enciclopédicas, parejas a un furibundo sectarismo.