Lo último que hicieron en el Parlamento de Cataluña antes de irse de vacaciones fue aprobar una ley. Fue algo excepcional. No porque la ley fuera la monda, que no, sino porque hacía tanto tiempo que no se aprobaba una ley en el hemiciclo que todavía hay quien no se lo cree. ¡Hasta fue noticia! El 10 de julio los señores diputados aprobaron crear la Agencia de Salud Pública de Cataluña. He dicho «crear» y me temo que lo más correcto hubiera sido decir «recrear». Verán por qué.

En 2003 se creó la Agencia de Protección de la Salud de Cataluña, que sirvió para asegurar el cargo a muchos convergentes antes de que se les echara encima el Tripartito. En 2005 todavía no se habían transferido todas las competencias a la agencia de marras y la cerraron, pero los cargos ahí siguieron. En 2009 se crearon la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Salud Pública de Cataluña, más cargos, que se repartieron lo que hubiera sido una nueva Agencia de Protección de la Salud de Cataluña. En 2011, dos años más tarde, se dotó de estatutos a la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Como ya tenía estatutos, dos años más tarde, en 2013, se decidió disolverla y el 1 de enero de 2014 dejó de existir formalmente como tal. Pero ¡ojo! En el organigrama del Departamento de Salud sigue existiendo una Agencia de Salud Pública de Cataluña, que en verdad no es agencia, de la que depende la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, que ya no sé si lo es o no lo es. ¿Y por qué se llama agencia la primera si no es agencia? Pues yo qué sé.

Ahora, gracias a esa única ley aprobada por el gobierno del presidente Torra, la Agencia de Salud Pública de Cataluña que no es agencia será de nuevo (irán ya tres veces) agencia y comenzará a funcionar como tal tan pronto tenga una dotación presupuestaria y unos estatutos. Los estatutos de 2009 valdrán; se copian y ya está. Pero ¿qué hay del presupuesto? El presupuesto está muy verde, porque el último presupuesto aprobado por el Parlamento de Cataluña es el de 2017 y hasta que no aprobemos el presupuesto de 2020 la agencia será agencia sólo de nombre.

Ser o no ser agencia a lo largo de tantos años ha supuesto para los funcionarios el tener que soportar a un número creciente de jefes, jefazos y jefecillos sin ningún beneficio a cambio. Hablamos de una plantilla de 1.500 personas; menos de 600 son técnicos sanitarios, pero un tercio de los mismos ocupan cargos que los liberan del trabajo de campo o de laboratorio. Quienes realizan tareas de control, inspección o similares son los mismos, poco más o menos, que hace veinte años. El trabajo, sin embargo, se ha multiplicado por dos o por tres, tirando por lo bajo, y el número de jefes, también.

Esto lo sé después de haber perdido media hora con el Google. Imagínense en plan periodismo de investigación. Pero a nadie parece importarle tan mala, malísima, gestión de lo público en un área tan delicada como la salud pública.

Eso sí, tranquilos. Porque el Consejo Asesor para el impulso de un Foro Cívico y Social para el Debate Constituyente ya cumplió con su tarea, lo que permitió al presidente Torra darla por acabada el pasado 1 de agosto y fiarlo todo al destino. Las principales discusiones de los consejeros asesores para el impulso de etcétera han girado alrededor de dos transcendentales cuestiones: a) qué se supone que tenemos que hacer y b) qué hay de lo mío. Tales cuestiones han quedado abiertas, pero ¿qué puede salir mal si el señor Llach, el señor Fachín o la señora Talegón reflexionan acerca de ello y nos guían con su luz a través de la oscuridad?

Recordemos con emoción el tuit con el que el excelentísimo señor diputado Jaime Alonso Cuevillas, alias «Mr. Ristretto», despidió el curso: «Aprovechemos este agosto para cargar las pilas. Este otoño será más que intenso. ¡Buenas vacaciones a todo el mundo! Y un recuerdo especial a nuestros presos y presas que no pueden decidir nada al respecto».

Chincha y rabia, que yo me voy de vacaciones y tú, no. Éste es el nivel.