Ada Colau está fogosa. Las vacaciones, cerca de Barcelona o en el Cabo de Gata, no han tenido un efecto balsámico para la alcaldesa, sino todo lo contrario. Más susceptible e intolerante que nunca, la primera edil ya no acepta las críticas ni las evidencias. Repite machaconamente que la capital catalana no tiene un problema de seguridad, cuando las estadísticas y los barómetros del Ayuntamiento dicen todo lo contrario, y arremete contra todo el mundo que cuestiona su gestión, amenazando con demandas judiciales que se caen por sí mismas.
La alcaldesa se siente maltratada. Reclama más cariño y presume de su buena sintonía con Open Arms. Ella y Laura Pérez han sido muy generosas con la oenegé, regada con 600.000 euros sin concurso. Sus favores a Óscar Camps contrastan con su aversión a políticos de la oposición, gremios varios, medios de comunicación y ciudadanos enojados, que no son pocos.
Colau, tres meses después de ser la segunda opción más votada y reelegida por la votos del PSC y de Manuel Valls, sigue sin abordar los grandes problemas de Barcelona y antepone sus principios dogmáticos a los intereses generales de los barceloneses. Su esperada evolución hacia políticas más pragmáticas no se visualiza por ningún lado, mientras mantiene algunas obsesiones y tics populistas.
A falta de gestión, Colau opta por la gesticulación para ocultar sus carencias. Las peleas, hurtos, robos y algunas escenas obscenas se reproducen en Barcelona, pero la alcaldesa elude cualquier responsabilidad y atiza contra el conseller Buch (Generalitat) y contra Batlle (teniente de alcalde de seguridad de Barcelona), a quien ha criticado por tener la osadía de afirmar que la ciudad padece una crisis de seguridad.
La Barcelona de 2019 es una ciudad mucho más convulsa que la de 2015. En juego está su futuro. En una situación tan crítica y delicada, Barcelona necesita una política de pactos y acuerdos globales que requieren mucha generosidad, una virtud que no parece estar en el adn de Colau y que desgastará su pacto de gobierno con el PSC.