Después de las concentraciones que se celebraron en Barcelona durante la semana pasada y de los disturbios que, en algunos casos, las prosiguieron, uno se imagina a sus políticos preocupados por el impacto que las imágenes de violencia en las calles acabarán teniendo en el devenir económico de la ciudad. Esta preocupación, acrecentada y confirmada después de los encuentros mantenidos con los representantes empresariales, les hará reaccionar. Tras garantizar el orden y la seguridad ciudadana, se encerrarán en los despachos municipales para diseñar una ambiciosa y potente estrategia de ciudad, liderada por el Ayuntamiento pero a la que se puedan sumar actores privados, que contribuya a relanzar la marca Barcelona y a mejorar su posicionamiento a escala internacional, no solo como destino turístico sino también como polo de atracción de talento, de innovación y de emprendimiento. Al fin y al cabo, eso es lo que les oímos decir durante la campaña electoral: que no hay cohesión social sin prosperidad económica. Y de eso no hace tanto, apenas unos meses.
Sin embargo, con demasiada frecuencia la realidad nos decepciona, y con ella los políticos que la protagonizan. El mismo gobierno municipal que el pasado lunes por la mañana reunía a comerciantes y restauradores para solidarizarse con ellos tras los disturbios mencionados, por la tarde no dudaba en defender un incremento de hasta el 400% en la tasa que anualmente abonan los restauradores para poder instalar terrazas en la vía pública. No, no es un error: por increíble que parezca, Ada Colau y Jaume Collboni quieren multiplicar la tasa de terraza por 3, 4 o 5 en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Gràcia dependiendo de la zona.
"Los restauradores con terraza en la Rambla somos el mismo demonio", lamentaba Mireia Torralba, tercera generación de restauradores al frente del restaurante Amaya, en la Rambla de Santa Mònica. La amargura que desprenden sus palabras no es gratuita: la subida que el gobierno municipal trata de aprobar criminaliza con ahínco los espacios más turísticos del centro. Acorralados por unos alquileres desbocados, los restauradores se enfrentarán a un dilema de difícil solución: o subir los precios o bajar la calidad. De un modo o de otro, las críticas están aseguradas.
Visto con perspectiva, es difícil imaginar una campaña de hostigamiento tan insistente y persistente contra un sector económico como la llevada a cabo por el Ayuntamiento contra las terrazas. Y no es algo que podamos achacar al anterior mandato o a la fijación personal de determinados cargos electos. Las ordenanzas fiscales que discutirá el pleno municipal del viernes son la viva encarnación del decrecimiento económico. La triste novedad es que sea el ya no tan nuevo gobierno de coalición de la ciudad quien defienda este incremento, a todas luces desproporcionado. Parece impensable que el PSC, partido que pedía la confianza de los agentes económicos durante la campaña electoral, sea ahora copartícipe de asestar a los restauradores un golpe prácticamente mortal. Sin embargo, en su mano sigue estando plantear una actualización de la tasa sensata y coherente con la situación del sector. La angustia de los restauradores es máxima.
ROGER PALLAROLS
Director del Gremio de Restauración de Barcelona