Vivir en Barcelona se está convirtiendo cada vez más en un sufrimiento económico para miles de familias, que soportan una presión y un esfuerzo fiscal de los más elevados de España, tanto a nivel autonómico como local. Esta agonía se verá incrementada a partir del próximo mes de enero con la indiscriminada subida de impuestos municipales que van a imponer Colau y Collboni.

Este impuestazo generalizado, que es especialmente sangrante para familias, comerciantes y autónomos de la ciudad, ha recibido el apoyo del independentismo, conformándose una vez más un tripartito de facto entre comunes, socialistas y separatistas.

La propuesta de ordenanzas fiscales para 2020 llega en un momento de incertidumbre económica generalizada. Barcelona, además, está viviendo un tsunami de violencia callejera a manos de los comandos separatistas, que está afectando al consumo, a la generación de empleo, a la industria,  a la atracción de inversiones y, en definitiva, a la imagen y marca internacional de la ciudad.

Es un hecho que la economía española está empezando a mostrar una desaceleración que arroja datos preocupantes: se está reduciendo la facturación de la industria en Cataluña, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) han afectado ya a un 42.7% más de trabajadores, respecto al primer semestre del año anterior y los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran los peores registros desde el año 2012, en plena crisis. A  estos datos poco alentadores hay que sumarles la incapacidad de gestión y los prejuicios ideológicos de Colau, que se han materializado en constantes ataques a sectores claves de la ciudad y grandes generadores de empleo, como el turismo, el comercio y la restauración; y máxime cuando ya venimos arrastrando y acumulando el impacto perjudicial de estos años de interminable “procés” y desgobierno por parte de la Generalitat.

Este nuevo mandato Colau y Collboni se ha atrincherado detrás de la subida de tasas para esconder la falta de visión y capacidad de lograr consensos amplios a través de la colaboración público privada como motor de la economía local. El afán recaudatorio del gobierno local supone un castigo adicional para los barceloneses, pues este impuestazo municipal se traduce en una subida del recibo del IBI del 5,46%, o un incremento de la tasa de alcantarillado superior al 40% en el recibo del agua; gastos que afectan directamente a la economía familiar. Además, el aumento del precio de las áreas azul y verde de aparcamiento supondrá una sanción, en definitiva, a la movilidad en la ciudad con especial impacto para vecinos, autónomos, comerciantes y transportistas.

Mención aparte merece el sector de la restauración. La alcaldesa se ha dedicado durante los últimos 4 años a perseguir al sector y así va a continuar con la connivencia del PSC. Los restauradores van a sufrir una subida de la tasa de ocupación de la vía pública que en algunos casos cuadriplicará los actuales baremos y con un único objetivo por parte del gobierno: recaudar, recaudar y recaudar. Lamentablemente, este ensañamiento tributario empeorará la viabilidad económica de muchos autónomos, pondrá en riesgo cientos de puestos de trabajo y acabará repercutiendo en los consumidores.

Desde Ciudadanos hemos insistido, tanto en la comisión de economía como en el pleno municipal, en la retirada de este impuestazo a la ciudadanía. Desde las administraciones públicas debe imponerse el sentido común y la capacidad de gestión de los recursos con criterios económicos y de justicia social; en definitiva: inteligencia y buen gobierno.

El sectarismo ideológico de Colau y la inacción y connivencia del PSC con el populismo y el separatismo son la verdadera amenaza para el desarrollo, la  sostenibilidad económica y el equilibrio social de la ciudad. Es el momento de apostar abiertamente por el impulso de políticas que faciliten la actividad económica y consoliden la capacidad adquisitiva de los barceloneses. Nosotros estamos convencidos de que el dinero de las familias barcelonesas está mejor en sus bolsillos, que en manos de un gobierno municipal sin objetivos, ni plan estratégico para el presente y el futuro de Barcelona.