“La ciudad ha tomado conciencia de la importancia del Mobile World Congress”. Me desconciertan estas declaraciones del primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, pronunciadas a raíz de la anulación de la edición de este año. Los propios socialistas, las organizaciones empresariales e incluso el ciudadano de a pie ya hace muchos años que valoran que una feria tan importante se siga celebrando en Barcelona. En el caso de los restauradores, desde el primer día. Collboni parece querer referirse a ciertos compañeros de viaje que antes de aposentarse en las instituciones recelaban de los grandes eventos y ahora lloran, y como el que más, la cancelación del Mobile. El decrecimiento económico era esto (¡sorpresa!): reservas canceladas, previsiones que se han ido al traste, contratos eventuales que ya no se firmarán, productos perecederos que tendrán que venderse por debajo del precio de mercado, restaurantes vacíos, etc.

Decía la alcaldesa durante el fin de semana que la cancelación se ha debido a “alarmas globales”, a factores, en definitiva, que escapan a los tentáculos del control municipal. Es cierto: todo no se decide en los despachos de nuestros gobernantes locales. Sin embargo, más que seguir lamentando y justificando el chasco del Mobile, debería la alcaldesa prestar más atención a las oportunidades de progreso económico que están en entredicho a día de hoy y que sí dependen del ejecutivo que ella encabeza.

Veamos unos pocos ejemplos. Los restaurantes del Port Olímpic y sus más de 800 trabajadores se asoman al precipicio: la concesión finaliza en apenas un mes y, si bien todos los grupos municipales han acordado que la restauración se mantenga durante la fase transitoria (en la que convivirá, por cierto, con las obras de remodelación del Port), el acuerdo con los operadores se resiste. Las condiciones que pretende imponer el gobierno en esta fase transitoria distan mucho de ser asumibles. No muy lejos de allí, los chiringuitos de la playa avanzan hacia su particular vía crucis: cada vez falta menos para que empiece la temporada y para que el batallón de vendedores ambulantes ilegales vuelva a campar a sus anchas, con aparente impunidad, por todo el litoral barcelonés. No parece que el gobierno, el mismo que el verano pasado plantó cara al top manta, tenga previsto destinar más efectivos policiales a poner orden en las playas. Los operadores plantearon una batería de medidas para aliviar la asfixia que generan los ilegales (para hartazgo de los bañistas, el año pasado se llegó a contabilizar más de un vendedor ambulante ilegal por minuto); el gobierno la ha desechado sin plantear alternativas.

En circunstancias similares se encuentran los restauradores de la Rambla, els ramblistes: observan atónitos cómo avanzan los trabajos para la transformación del vial sin que se haya llegado a un acuerdo con ellos. El gobierno se niega a aclarar si la supresión de terrazas que se anunció se mantiene. ¿Tiene sentido la Rambla sin sus ramblistes de toda la vida? Luego están las decenas de restauradores que, negándose a aceptar la agresión que el Ayuntamiento les ha infligido, han puesto su caso en manos de los tribunales. Hasta ahora los jueces, en los diferentes fallos que se conocen, han sido comprensivos con ellos, pero su ritmo es infinitamente lento si lo comparamos con el de las empresas (¿puede un bar aguantar sin terraza los 3-4 años que suele durar un proceso judicial?). Coincidiendo con el nuevo mandato, estos restauradores han ofrecido al gobierno acuerdos extrajudiciales. No les consta ni el acuse de recibo.

Es de agradecer la rapidez con que el gobierno ha intentado frenar, no ya las consecuencias de la cancelación del Mobile, sino el desánimo colectivo en el que podríamos habernos instalado. Está bien generar titulares que inviten a seguir trabajando y a mirar hacia el futuro con optimismo; incluso, aunque momentáneamente, se ha recuperado el discurso de la cooperación entre los sectores público y privado. Pero no nos engañemos: la semana de las oportunidades no compensará la lluvia de millones que iban a traer los congresistas. El Mobile de este año ya no tiene arreglo. El Port Olímpic, los chiringuitos, la Rambla y la restauración en general, en cambio, sí lo tienen. La solución a estos conflictos depende del gobierno municipal y de nadie más.