Parece ser que el mismo observatorio del Ayuntamiento de Barcelona nos dice que una de las mayores preocupaciones de los barceloneses son la vivienda y la seguridad. Pues algo tendrá de razón la inmensa mayoría de los que viven o intentan vivir en Barcelona, que estadísticamente muestran su preocupación por la problemática de la vivienda. Las políticas municipales de este último consistorio al respecto han resultado ser un fracaso. Principalmente en lo concerniente al acceso a la vivienda. La política municipal ha sido nula o casi nula si lo valoramos por los resultados obtenidos. En estos últimos años, se han realizado muy pocas promociones de vivienda protegida, se han aprobado políticas equivocadas en referencia al 30% de obra nueva, hemos tenido promesas incumplidas en cuanto a promoción de vivienda asequible y un largo etc. de desatinos, y que lógicamente ha llevado a que la vivienda sea una de las máximas preocupaciones de los barceloneses. No es para menos.

Ciertamente, no existe una varita mágica que de la noche a la mañana solvente un problema que se viene arrastrando desde hace años, pero no por ello no habrá que pensar en estrategias que a corto y medio plazo, contribuyan a potenciar un mercado, sobre todo de obra pública, y que sirva como escenario de trabajo para una nueva política de vivienda. En primer lugar la vivienda tiene un valor social y no exclusivamente un valor patrimonial. Esto quiere decir que la administración tiene que dotarse de los mecanismos e instrumentos necesarios para tal fin. Resolviendo en primer lugar los problemas que se plantean en una ciudad como la nuestra.

 Hay que entender que son variadas las causas que comportan la dificultad de acceso a la vivienda y sobre todo  de los jóvenes. Principalmente pasan por el envejecimiento de la población, por la carestía de precios, por el valor y la especulación del suelo, por la falta en muchos casos de financiación, etc., etc. Consecuentemente para empezar y si queremos  acometer la problemática, habrá que ofertar vivienda pública con bonificaciones para las rentas bajas, y lógicamente para la población joven.

Un proceder que sirva para establecer si es el caso, diversas escalas en forma escalonada de opciones de compra. Incorporando ayudas a la financiación juntamente con las entidades de crédito en las que se facilite tanto el acceso a la vivienda a los más jóvenes como a los menos favorecidos.  Así mismo se tendrán que incorporar diversas tipos de ayudas a la promoción privada para facilitar también la construcción de vivienda en régimen de alquiler. Un mecanismo que bien podría ser por mediación de convenios público-privados para la promoción de viviendas de alquiler en suelo de titularidad pública. En definitiva, solares y terrenos que el ayuntamiento cedería a tal fin.

En el año 92, cuando Barcelona asumió el reto de la celebración de las olimpiadas, una de las máximas preocupaciones de aquel entonces, fue la definición y el diseño del espacio urbano como elemento vertebrador de la ciudad. Un concepto que situó Barcelona como ciudad cosmopolita, y que abrigaba la sensibilidad moderna y necesaria de lo que se entendía como el espacio urbanístico de una ciudad actual. El resultado innegablemente fue del todo satisfactorio y posicionó Barcelona como una de las capitales europeas a todos los niveles.

En la actualidad, superada esta inquietud, la preocupación por la definición del desarrollo del espacio urbano ha pasado a segundo término. La problemática habitacional en todas sus facetas está conformando la ciudad del futuro, y Barcelona como siempre ha sido así, se tendrá que situar como una urbe modelo en Europa. No nos podemos quedar atrás.

El reto que tiene nuestra ciudad actualmente es la definición de una política de vivienda que sea factible y socialmente eficiente. Un reto urbanístico, financiero, y hasta tipológico. Para ello se tendrá que hacer necesario un acuerdo marco entre todas las fuerzas políticas municipales en materia de promoción de vivienda, tanto pública como privada. Tenemos que estar todos de acuerdo, empezando por los partidos políticos, para acabar por los ciudadanos.

La ciudad se lo merece. Así mismo, es imprescindible establecer una mesa con todos los agentes implicados. Una mesa constituida por la administración, arquitectos, constructores, promotores, agentes de la propiedad, un largo etc., en el que todos los actores involucrados en el desarrollo urbanístico de la ciudad, fijen las condiciones necesarias para no tener que seguir lamentando este estado de inactividad en el que estamos sumidos.

En resumen, es importante también, redimensionar una política conjunta y extendida a toda el área metropolitana que dibuje una nueva política municipal de vivienda para 2020-2025.  En este aspecto, habrá que pensar en la implantación de una coordinadora de municipios en materia de vivienda que permita disponer de una única estrategia conjunta en lo que hace referencia a la promoción de vivienda.

Sin duda, se hará necesario un observatorio de la vivienda metropolitana y no meramente estadístico, en el que se identifiquen las necesidades, preexistencias, y posibilidades al respecto.  Un instrumento que nos proporcionará un diagnóstico preciso y riguroso, formulado por todos los agentes y municipios comprometidos. Implicando a la iniciativa tanto pública como privada, para que haga posible un modelo conjunto por encima de cualquier frontera municipal.