Sería exagerado decir que el Ayuntamiento de Barcelona ha tenido alguna vez en su mano la posibilidad de retener a Nissan. Pero sí es verdad que podría haber creado un clima favorable a este tipo de multinacionales. Y no lo ha hecho. El consistorio de la capital catalana se distingue por ser antiempresa, lo era muy claramente en el primer mandato de Ada Colau y lo sigue siendo en este. El ambiente que genera frente las grandes compañías es de hostilidad.

No es necesario repasar la lista de choques entre esas firmas –extranjeras, españolas y barcelonesas-- y la alcaldía desde 2015. En realidad, suelen ser tratadas como los sospechosos habituales. El último y reciente ejemplo de esa enemistad fue la infeliz intervención de la segunda de la alcaldía, Janet Sanz, contra la industria de la automoción. Una “anécdota”, según el bueno de Jaume Collboni, pero imperdonable para un gobernante de Barcelona y especialmente desafortunada en el tiempo.

La cara amable que pretendió dar del consistorio en este capítulo tan desgraciado fue el gesto de Ada Colau cuando se calzó unos tejanos para acudir a la manifestación de los trabajadores de Nissan ante una de sus plantas. Pero, ojo, no se fue a la Zona Franca, donde trabajan 2.206 de las 3.000 personas que perderán el empleo. Se hizo la foto en la planta de Montcada i Reixac. ¿Por qué, si Montcada está más lejos de Barcelona y su plantilla es de solo 161 trabajadores? Pues, muy sencillo. La alcaldesa de Montcada, Laura Campos, es de En Comú Podem, el partido de Colau. Con eso queda --casi-- todo dicho.

El viernes, el pleno de Ayuntamiento de Barcelona aprobó de forma unánime un texto en el que se insta a la multinacional a que le dé una vuelta a sus planes. Pues bien, Colau presentó la resolución como una “exigencia” a Nissan…

Ningún ayuntamiento puede estar contra las empresas, y mucho menos uno de la importancia del de Barcelona. Esa animadversión no solo ahuyenta compañías e inversiones, sino que desaprovecha los beneficios que la ciudad podría obtener de las compañías que, pese a todo, se instalan aquí.

Sin ir más lejos. Junto a la basílica de la Sagrada Familia, en el espacio donde estuvo el cine Niza, Mercadona abrirá una tienda. Cuando circuló el rumor, los coletas del barrio iniciaron una campaña para reclamar un ateneo popular en ese solar. La protesta acabó cuando Cel Urbà, la constructora de la obra, donó un millón de euros para el casino siempre que lo instalaran otro sitio. Tras el trinque, aquí paz y después gloria. No se volvió a hablar del asunto: en la calle Nàpols hay un local, permanentemente ocioso, para disfrute de los activistas. 

Un consistorio preocupado por el interés general, en el que se incluye el empleo del sector del automóvil –con tanto peso en el PIB--, quizá habría pensado en cómo podría contribuir Mercadona a una Barcelona industrial, sostenible y próspera. Quizá se le habría ocurrido negociar que la nueva tienda incluyera puntos de recarga de coches eléctricos en su parking. Claro que para eso hay que saber que la cadena de supermercados ha instalado 1.000 de los 7.200 enchufes privados que hay en España, que tiene un modelo --la tienda 8-- diseñado con ese fin y, en definitiva, que con las empresas también se puede colaborar, no solo enfrentarse o exprimirlas. Y, por supuesto, que hay que fomentar la circulación de automóviles sostenibles en la ciudad –como el que lleva a la alcaldesa, por cierto--, no solo bicicletas y patinetes.