A nadie le sorprenderá que el gobierno de la ciudad de Barcelona sea incapaz de adoptar un posicionamiento claro y contundente contra la ocupación ilegal tras haber visto a la alcaldesa Ada Colau vestida de abeja Maya tratando de parar desahucios. Pero lo que probablemente sorprenda al lector es la respuesta que dio el teniente alcalde de seguridad Albert Batlle tras la propuesta de Manuel Valls en la comisión de presidencia de esta pasada semana.

Hay datos escalofriantes que debemos tener presentes al hablar de ocupación. La provincia de Barcelona acumula nada más y nada menos que 18.850 denuncias de ocupaciones ilegales de inmuebles entre 2013 y 2019. El peor dato de toda España, y esto, digan lo que digan, afecta a los ciudadanos. A pequeños propietarios a los que la recuperación del inmueble después se les hace un infierno.

Desde Barcelona pel Canvi se propuso el pasado miércoles instar al gobierno municipal a adoptar un posicionamiento claro y contundente contra la ocupación ilegal de inmuebles y a elaborar un plan integral de prevención de la ocupación ilegal y de soporte a los propietarios y vecinos afectados.

El posicionamiento de Esquerra Republicana no sorprendió. Bajo la excusa de la supuesta existencia de distintos tipos de ocupación se posicionaron en contra. Realizaron la típica confrontación estéril de derechos, confrontando el derecho a la vivienda con el derecho de propiedad, y afirmaron que les parecen acertadas las “ocupaciones reivindicativas”. Y es que para ellos, vulnerar la propiedad privada está bien o mal en función de si les gusta o no el motivo por el que se realiza dicha vulneración. Ese es el motivo por el que, según ellos, no puede haber un único posicionamiento en torno al tema de la ocupación. A ellos les parece estupendo que se viole el derecho a la propiedad privada siempre que el motivo les parezca lo suficientemente digno.

Por otro lado arguyen que el derecho a la vivienda esta desatendido en Barcelona, y tienen razón, pero eso no justifica en ningún caso lo de la patada en la puerta. Es cierto que la política de vivienda de Barcelona es un fracaso desde hace años, pero la solución no pasa por la ocupación. Tenemos un problema de vivienda social que debemos abordar, pero desgraciadamente no es posible hacerlo desde la aversión que tiene el gobierno de la ciudad a la colaboración público privada.

La realidad que se vive en Barcelona es que la ocupación se ha convertido en un negocio ilegal gestionado por tramas mafiosas que viven a costa de familias necesitadas a las que engañan ofreciéndoles ocupar viviendas a cambio de dinero. Por otro lado tenemos el fenómeno de las ocupaciones que esconden finalidades delictivas como en el caso de los narcopisos, provocando inseguridad en los barrios de nuestra ciudad.

Esta realidad la conoce perfectamente el gobierno y estoy convencido de que la conoce a la perfección el PSC. La respuesta de Albert Batlle en comisión me sorprendió sobremanera. Es cierto que los equilibrios que debe tener que hacer un político de un partido catalanista conservador que se encuentra coaligado a un partido de izquierdas que gobierna con un partido liderado por Ada Colau debe ser complicado, pero verle suscribir la intervención de ERC de forma prácticamente íntegra según sus palabras ha sido de lo más surrealista.

Batlle afirmó que este debate ahora no es importante en estos momentos y emplazaba a la comisión a abordarlo desde el punto de vista de la seguridad más adelante. Todo un despropósito. Frente a la situación en la que se encuentra desde hace años Barcelona, adoptar un posicionamiento claro frente a la ocupación no era complicado. El problema es que al final, el PSC está atado de pies y manos frente a un gobierno que cuenta con figuras como Janet Sanz, que después de sus polémicas declaraciones sobre sus deseos de que el sector del automóvil no volviera a activarse en Barcelona nos sorprendía hace unos días posicionándose a favor de la ocupación de la casa Buenos Aires de Vallvidrera, pese a que tiene una orden judicial vigente de desalojo.

La realidad es solo una. En este problema hay víctimas y delincuentes, y la pretensión deliberada de intentar confundir afirmando que existen diferentes gradaciones en este problema es simplemente la de conseguir evitar un debate incómodo para los partidos del gobierno de la ciudad.

En palabras de mi amigo Paco Sierra, Barcelona se ha convertido en una ciudad okupa friendly por culpa no solo de la inacción contra el problema, sino también por la simpatía que parecen tener los regidores de gobierno por la ocupación ilegal que, por lo pronto, ha hecho pasar un calvario a miles de familias de la provincia de Barcelona.