El Plan de Movilidad Urbana 2024 que impulsa el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona prevé “regular” el 90% del aparcamiento en superficie de la ciudad, lo que traducido al cristiano quiere decir que en unos meses no quedará ni una plaza para dejar el coche que no sea en zona verde, azul o parking privado (alquiler o propiedad); o sea, de pago. Si eso no es un peaje, que venga Diós y lo vea.

La política de Ada Colau consiste en eliminar las plazas de aparcamiento en la superficie para disuadir a los automovilistas hasta que depongan su actitud y se conviertan en peatones a tiempo completo, ciclistas o “usuarios de movilidad personal”, como dice la jerga de los comunes. Algunas de las plazas de superficie sencillamente desaparecen a favor del carril bici y de las terrazas de bares, otras son amarilleadas y bloqueadas con hormigón para unos peatones que aún no han descubierto el encanto de esos nuevos paseos urbanos. En otras zonas de la ciudad, las menos céntricas, los espacios en los que antes se podía aparcar libremente se transforman por obra y gracia del consistorio en zonas verdes y azules, de pago.

Ese es uno de los ejes del plan que Colau negocia con un batiburrillo de más de 100 entidades ciudadanas. Quiere reducir hasta el 18% la movilidad en transporte privado –pese a que no cita a las motos, las incluye en el capítulo-- desde el 26% actual y va a doblar hasta el 5% el uso de la bici, desde el 2,28% de estos momentos.

Aunque el consistorio no es demasiado explícito sobre los métodos que empleará para convencernos, se intuye que básicamente se trata dar palo y zanahoria a esos barceloneses que aún no se han enterado de lo que realmente les interesa. Ya hemos visto este verano cómo se cerraban calles, avenidas y paseos sin previo aviso para que quien quisiera sacar a la familia a tomar el sol –cuando las autoridades recomendaban restringir la movilidad-- pudiera disponer de enormes espacios vacíos mientras se producían atascos en las calles colindantes.

Esta semana, el lobby Barcelona Global ha lanzado una quincena de propuestas para empezar a debatir cómo puede organizarse la movilidad de la capital catalana, un concepto que debe abordar como región metropolitana, no solo como ciudad. La más llamativa de sus iniciativas, aunque no la más importante, es la posibilidad de establecer un peaje de acceso al centro urbano para regular la circulación y para obtener recursos con los que financiar la ampliación del transporte público.

La única reacción del consistorio a esa propuesta, apoyada en el criterio de 60 expertos, ha partido de la concejal de movilidad, la socialista Rosa Alarcón, que se ha negado al peaje. Una opinión respetable, pero que contrasta con los hechos: el ayuntamiento encarece el uso del automóvil a los barceloneses obligando a pagar por aparcar sin potenciar los aparcamientos subterráneos municipales, también les obliga a renovar sus coches si son antiguos, pero se niega a que paguen quienes usan las calles y los servicios de la ciudad sin contribuir a su mantenimiento a través del impuesto de circulación, por ejemplo.

En los planes de movilidad de los comunes sí se contempla la posibilidad de un peaje como tal, pero solo aplicable a las "grandes compañías" de distribución de mercancías. Es una mezcla de ingenuidad e ignorancia, que obedece a una gestión extremadamente ideologizada y pueril: deben creer que Amazon está esperando a que le encarezcan los costes para cruzarse de brazos.

Hay objetivos compartidos por todo el mundo, como es la reducción del tráfico, el ruido y la contaminación; hacer una ciudad más sana y sostenible. Pero ninguno de ellos se puede imponer sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos, y mucho menos al margen de la realidad. Extrañamente, el ayuntamiento persiste en ignorar las motos, pese a que el 26,5% de los desplazamientos de la ciudad se hacen en moto, scooters y ciclomotores, según la UAB. Suponen un tercio de los vehículos matriculados en Barcelona, que es la capital europea con el ratio de motos por habitante más alto y que tiene una flota que supera a Roma, Berlín y París juntas.

Los activistas que gestionan el consistorio desprecian las motos, ni siquiera las tienen en cuenta en sus planes; poco les importa su amplia aceptación entre los barceloneses y los beneficios que aportan al tráfico diario, pese a que contaminan más que una bici y un patinete. Todo es voluntarismo e ideología, sin margen aparente para la negociación y el consenso.