En diciembre de 2019, Colau y Collboni, junto con el apoyo de ERC y JxCAT, pusieron en marcha las ordenanzas fiscales para este año cuya principal característica fue la aprobación de un 'impuestazo' generalizado en los tributos municipales. Este 'impuestazo', aprobado por las cuatro formaciones políticas que co-gobiernan conjuntamente el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha supuesto de media más de 200 euros más por familia.
En aquellas condiciones, y con una economía en buena parte recuperada de la anterior crisis económica, la cuádruple entente de Colau, Collboni, Maragall y Artadi, apostó por una subida desmesurada de impuestos que encontró en Ciudadanos su rechazo, pues como se ha comprobado con posterioridad esta enorme subida de la tributación municipal perjudica en gran medida a las familias, autónomos, comerciantes y pymes de la ciudad, los grandes damnificados del acuerdo de Comuns, PSC, ERC y JxCAT.
La aplicación del ‘impuestazo’ se perpetró en el primer año del segundo mandato de Ada Colau, quizás pensando que hasta las siguientes elecciones faltaban tres años, que la ciudadanía ya habría asumido el sablazo fiscal y eso les daba la posibilidad de congelar tributos hasta el final de la legislatura, con la clara intención de hacer creer que la presión fiscal de los barceloneses no se había visto afectada en los últimos años del mandato.
Si ya en diciembre del 2019 las ordenanzas fiscales nos parecían negativas porque ya había alertas de ralentización de la economía, la crisis derivada del coronavirus ha hecho que estas ordenanzas se hayan convertido en un verdadero lastre para la economía familiar de muchos barceloneses. Nadie era consciente a finales de 2019 del tsunami económico y social que se nos avecinaba con la entrada del nuevo año. Una pandemia que ha transformado nuestras conductas, que ha arrasado con la vida de miles de ciudadanos y que ha provocado una crisis de una magnitud enorme.
La economía del conjunto de España, pero especialmente de Barcelona, se ha visto muy debilitada por el impacto de la pandemia, fundamentalmente en el sector servicios. Si a la coyuntura económica internacional sumamos las trabas de la administración municipal, el resultado es el que vemos cuando recorremos las calles de la ciudad: persianas bajadas y cese de negocios.
Ante esta tesitura y la difícil situación económica que están padeciendo miles de familias barcelonesas, la lógica invitaba a pensar en una reducción de tasas y tributos para el próximo ejercicio con la intención de aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos, pero la "lógica" no es una palabra que utilice habitualmente el gobierno de Colau y el PSC.
Tanto es así, que dos días antes de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2021 se nos convocó a una reunión para anunciarnos que, debido a la situación económica y social que sufrimos y en un ejercicio de buena voluntad institucional, las tasas e impuestos sufrirían una congelación. Nada más lejos de la realidad. La perversión del lenguaje al utilizar la terminología ‘congelar’ viene a concretar una realidad: se consolida el aumento, el sablazo y el "impuestazo" que perpetraron en 2019 Colau, Collboni, Maragall y Artadi al conjunto de los barceloneses.
Si para 2020 las ordenanzas fiscales ya eran nefastas, imagínese como lo serán para 2021. ¿Nadie en el gobierno municipal es consciente que ya han tenido que cerrar muchos negocios y que hay miles de empresas y pequeños comercios al borde de la desaparición? ¿No hay nadie sensato en el gobierno municipal que advierta que la presión fiscal puede ahogar definitivamente a colectivos clave como son la hostelería, la restauración, el ocio, los autónomos...?
La consolidación de la desmesurada subida de impuestos es un auténtico disparate, una mala opción que condena, aún más, a los barceloneses. Por eso Colau y Collboni pretenden chantajear a la oposición con medidas que saben que nadie podría rechazar, como es una rebaja del 75% de la tasa de terrazas. Nadie puede negarse, pero tras ese anuncio se esconde una realidad: la subida aprobada el pasado año supuso, en algunos casos, un incremento de hasta el 400%. Por lo tanto, rebajar el 75% de la tasa de manera puntual hace que en cuanto pase la crisis, se afiance el aumento previsto. Como ven, puro trilerismo, pues este incremento no puede ser asumido, ni ahora ni cuando pase la crisis, por los restauradores que tardarán meses o años en recuperarse.
La Barcelona de Colau y Collboni bien podría llamarse “Tasalona”, pues con sus decisiones refrendadas y apoyadas por el separatismo (no lo olvidemos) la han convertido en la ciudad con la presión fiscal municipal más alta del conjunto del Estado. Esta situación podría revertirse y estoy convencido de ello. Creo que es posible bajar los impuestos y aumentar los ingresos. Hace falta una mejor gestión municipal para no asfixiar a los contribuyentes con impuestos y tasas desmesurados.
Para ello, es clave una optimización de los recursos municipales. No se puede seguir malgastando el dinero de los barceloneses subvencionado a entidades afines, no es de recibo invertir el dinero municipal en un urbanismo ideológico que crea más problemas que soluciones y no se puede dejar de reclamar la deuda que mantiene la Generalitat de Catalunya con la ciudad por puro interés partidista.
Barcelona necesita una mejor gestión, un impulso y un liderazgo del que actualmente carece. Ahora es el momento de luchar por la ciudad, por los barceloneses, por los comerciantes, autónomos, pymes y familias. Es el momento de reclamar y exigir ayudas de los fondos europeos y estatales. Es el momento de pensar más en la ciudad y menos en los intereses partidistas como hace la alcaldesa. Necesitamos un cambio de rumbo, una nueva vía, un proyecto que sume y que no reste. En definitiva, Barcelona necesita mejor gestión y menos impuestos.