La inmobiliaria Vauras Investment tuvo la desafortunada idea de acusar al gobierno municipal de connivencia con los okupas a raíz de unos pisos gestionados por dicha inmobiliaria y que habían sido ocupados por la cara y, al cabo de unos añitos, abandonados tras dejarlos hechos un asco. A los de Vauras Investment les parecía que Ada y sus muchachas mostraban una simpatía exagerada por los okupas que a ellos les causaba un lucro cesante de cierta importancia, motivo por el que se quejaron en voz alta y acusaron al gobierno municipal de jorobarles la existencia con su tolerancia permanente con ese colectivo que es la pesadilla de cualquier inmobiliaria, banco, fondo buitre o propietario particular. Además de quejarse, dejaron caer que igual se retiraban del mercado inmobiliario barcelonés, aduciendo que una alcaldesa que toma partido por los gorrones frente al inquilino tradicional es ideal para poner en fuga a cualquier empresario, figura social que se distingue por su ánimo de lucro. A nuestra Ada, no hace falta destacarlo, la actitud levantisca de Vauras Investment no le hizo ninguna gracia. Ada, ya se sabe, está con los descamisados, como buena peronista (¿no deberíamos empezar a llamarla Adita?), y le ha reventado enormemente que unos capitalistas de mierda le afeen la conducta y, además, le espanten de la ciudad a otros posibles inversores. Puede que otra clase de político hubiera experimentado la tentación de templar gaitas, de hablar con los de la inmobiliaria, de intentar que no llegase la sangre al río. Pero Ada ha preferido multar a Vauras Investment con la bonita suma de 417.00 euros. Porque a ella no se le pone farruco nadie. Y menos que nadie, una pandilla de enemigos del pueblo como deben ser los de esa maldita inmobiliaria.

A la espera de que se confirme la puesta en práctica del multazo, la concejal Lucía Martín -quien, como miembro ejemplar de los comunes, tiene a su novia convenientemente incrustada en la administración, que hace tiempo que cumple las funciones de agencia de Colaucación- anunció el otro día lo de los 417.000 eurazos. ¿Motivo? No haber ofrecido un alquiler social a los que se habían colado en ocho apartamentos de la calle Lleida. Solo le faltó añadir que, ante la actitud moralmente reprobable de la inmobiliaria, resultaba comprensible que a los desahuciados les hubiera dado por dejar los apartamentos hechos un asco. Y la cosa podría haber sido peor, advirtió Martín, ya que la ley permitía una multa de 90.000 euros por apartamento, lo cual habría incrementado la factura de la inmobiliaria de forma exponencial.

Confieso que no siento especial simpatía por inmobiliarias, bancos, fondos buitres y la mayoría de propietarios particulares de pisos y apartamentos. Entiendo, aunque no apruebo, que la misión de todos ellos es lucrarse y que el ciudadano de a pie, en general, se la sopla. Pero el ciudadano que cumple con la ley merece un poco más de consideración que el okupa que se cuela en un piso, roba la luz de donde puede, pasa olímpicamente de alquileres sociales y destruye el entorno cuando se ve obligado a abandonarlo. Es decir, que por mucha grima que nos dé Vauras Investment, me temo que en este caso tenían cierto derecho a poner el grito en el cielo y censurar públicamente la actitud del consistorio barcelonés. Cosa que a Ada le ha dado lo mismo. Como te insubordines, pringas. Como te quejes, multazo al canto. ¡Y que no te oiga hablar mal de Barcelona a tus colegas extranjeros, que te caneo!

La multa de marras es una cacicada de padre y muy señor mío que, además, ofrece una imagen autoritaria, intolerante y sobrada de nuestra querida alcaldesa. Podría acusarla de practicar el despotismo ilustrado, pero me temo que el adjetivo sobra.