Debe ser muy duro tener responsabilidades políticas en crisis como la del coronavirus, que ponen a prueba la capacidad de las personas, y sacan lo mejor y lo peor de cada una. De manera que es comprensible que algunos de los que tendrían que implicarse más se pongan de perfil, aunque lo más honrado sería que dejaran paso a otros.

Pero lo que no es admisible es contribuir, por voluntad o por incapacidad, al mareo de los ciudadanos con manifestaciones falsas, indocumentadas o malintencionadas. El jueves nos enteramos de que la Generalitat hubiera preferido mantener cerrados los bares, restaurantes y gimnasios, pero que ha autorizado su apertura porque no tiene dinero para compensar a las familias y las empresas que, de mantener el cierre, habrían seguido sin ingresos.

Lo de menos es que los políticos nacionalistas culpen a la Administración central de esa falta de recursos, ya nos tienen acostumbrados a esa forma ridícula de eludir responsabilidades. Justo 24 horas después supimos que la contabilidad de la Generalitat arrojaba un superávit de casi 900 millones de euros a fecha 30 de octubre, debido precisamente a los recursos que han llegado desde Madrid para atender los gastos ocasionados por el Covid-19. Es lo que podríamos definir como el pintoresco concepto nacionalista de la lealtad institucional.

Lo más irritante es que Alba Vergés y Miquel Sàmper, de Salud e Interior, hicieron ese anuncio poco después de saber que Alemania y Francia van a mantener los cierres hasta el 20 de diciembre y el 20 de enero, respectivamente. ¿Es que tenían más información sobre las perspectivas de los contagios y el peligro de una tercera ola en Cataluña el jueves que una semana antes, cuando autorizaron la reapertura? ¿No tienen sus propios técnicos y sus científicos y tienen que estar a lo que hagan otros?

Tocan de oído, son unos aficionados que no saben lo que tienen entre manos, que es nada más y nada menos que la salud, la seguridad y el bienestar de los catalanes. Y, a la más mínima, les tiemblan las piernas.

Veremos qué ocurre el lunes cuando se abra el nuevo concurso para repartir ayudas entre los autónomos, cuya cuantía no está definida con precisión y por un total que tampoco se ha precisado. Confiemos en que no se repita el show de los anteriores juegos del hambre.

Lo que nos están diciendo estos dos cargos públicos es que se lavan las manos sobre las consecuencias de sus propias decisiones, de lo que pueda ocurrir con la pandemia tras la desescalada que han autorizado. A ver qué hacen la semana próxima si los datos no mantienen la mejoría. ¿Mantendrán los planes para el dia 7 o volverán a apelar a Madrid?