“Somos la única garantía de un gobierno progresista en Barcelona” decía Ada Colau en plena campaña a la alcaldía de Barcelona. ”El nuevo gobierno será rotundamente progresista” anunciaba Pedro Sánchez tras anunciar el acuerdo de gobierno con Podemos. “Siempre hemos defendido postulados progresistas y la libertad nacional del país” afirmaba Pere Aragonés tras sustituir al President Torra al frente del Govern de la Generalitat.

Tengo que confesar que tuve que revisar el término “progresista” por si había mutado su definición sin habernos dado cuenta; porque viendo la gestión y las ideas que defienden --tanto el gobierno municipal, como el autonómico, como el central--, “progresista” me parece el término bajo el que se oculta una clara voluntad de eliminar, progresivamente y de forma sibilina, nuestra libertad individual.

Han decidido imponer, bajo el paraguas de la regulación, su visión de lo que debe ser nuestra democracia y el papel que debe jugar la administración pública; es decir, pensar y decidir por nosotros, no vaya a ser que reflexionemos un poco a la hora de ir a votar y ellos no salgan reelegidos.

¿Creen que exagero? Repasemos un poco las últimas políticas de estos tres gobiernos.

Del Govern de la Generalitat poco hace falta decir después de estos años de procés. Propaganda desde el desayuno hasta la cena, debidamente servida por medios y asociaciones subvencionados; y quien les ose cuestionar es inmediatamente depurado, vilipendiado y tachado de fascista; incluso expulsado del hemiciclo del Parlament, no vaya a ser que no nos dejen votar leyes ilegales con un contenido más propio de una dictadura que de una democracia consolidada. Poco importa qué ideología tengan los partidos del Govern (de derechas o de izquierdas), su ideario y su discurso es el que sea necesario para seguir manteniéndose en el poder. Tal es la búsqueda de imposición de una ideología que incluso se nos cuestiona la lengua en la que hablamos.

Pasemos al gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, donde las políticas contra la empresa, la propiedad privada y el vehículo privado son marca de la casa. No quiero que construya; le expropio. No quiero turismo; ahogo al sector al tiempo que insulto a los turistas. No quiero vehículos privados; le elimino carriles de circulación de un día para otro al tiempo que le prohíbo entrar en la ciudad. No tengo suficientes pisos de protección oficial; le obligo a poner a mi disposición el suyo y si no, incentivamos que se lo okupen. No me gustan los bancos; rechazamos propuestas que incentiven la compra de vivienda puesto que “mi modelo” es que todos vivan de alquiler; eso sí, regulado, no vaya a ser que usted que ha trabajado duro para adquirir una propiedad, vaya a sacarle rentabilidad alguna.

Sigamos con el gobierno central. Ese que, antes de pactar con alguna formación de derechas, prefiere hacerlo con todo aquél que se ha propuesto destruir el marco democrático desde las propias instituciones, incluso con ex miembros de ETA.

A mayor capacidad de gestión, mayor despropósito, y así lo hemos podido comprobar en los últimos meses. Sin duda, la ley estrella contra la libertad individual es la Ley Celaá, que parece no comprender en absoluto que la educación es un servicio público –cosa altamente preocupante–. Se han propuesto formar a los jóvenes en la ignorancia transmitiéndoles el mensaje de que no hace falta que se esfuercen, ni que estudien y ni siquiera que aprueben, puesto que en su vida adulta papá Estado estará allí para subvencionarles y así de paso nos aseguramos una buena red clientelar. Y todo ello deberán hacerlo en la escuela pública, o mejor dicho, en la escuela del Estado, porque al parecer ni la privada ni la concertada contribuyen debidamente a la formación de la futuras generaciones. ¿Cómo se les ocurre a ustedes, padres, elegir una escuela para sus hijos concertada, o privada, o segregada, o de educación especial? Y si encima es gestionada por alguna comunidad católica, es usted directamente un traidor a la laicidad del Estado; pero de eso ya hablaremos en otro momento porque da para un artículo en exclusiva.

Pero ahí no queda todo. Podemos seguir con la creación de un nuevo organismo para vigilar las “noticias falsas” difundidas por internet: la Comisión permanente contra la desinformación, bautizada por muchos como el Ministerio de la Verdad. Sin duda, el objetivo perseguido es loable –siempre y cuando esté en manos de personas con una ética y unos principios muy sólidos– pero la capacidad de controlar a los medios de comunicación y su libertad de información es muy tentadora, y a estas alturas tengo serias dudas de la moralidad de alguno de los miembros de este gobierno. No deja de tener cierta ironía que la generación de políticos que más mienten a los ciudadanos sean aquellos que quieren preservar la verdad.

Nos han impuesto una corrección política que de forma muy sibilina ahoga nuestra capacidad de debate, e incluso de discrepancia. Debes defender leyes que privilegien el colectivo LGTBI, porque si no eres homófobo. Debes defender la discriminación positiva porque de lo contrario eres machista. Debes atacar al empresario porque si no eres casta explotadora de la clase obrera. Y ni se te ocurra pedir una inmigración regulada y ordenada porque entonces eres xenófobo. No hay matices, porque sin matices no hay debate, y siempre es más fácil etiquetar a alguien que debatir con él, no vaya a ser que sus argumentos dejen tu discurso simplón en evidencia.

Nos encontramos ante uno de los momentos más difíciles de los últimos 40 años para nuestro país, y nos tienen inmersos en la política de la destrucción en lugar de la política de la gestión, y eso debería preocuparnos muchísimo a todos.

Es paradójico que el mayor recorte paulatino de nuestras libertades se esté produciendo camuflado bajo la constante invocación a la “democracia” y a “libertad de expresión” que hacen nuestros gobernantes. Un día el Estado de alarma cesará y entonces seremos conscientes de todo aquello que hemos perdido por el camino.

Nuestra política necesita menos directores de comunicación y estrategas políticos y más líderes.

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Eva Parera Escrichs, Secretaria general Barcelona pel Canvi