En pocas semanas finalizan los ERTE y las ayudas a autónomos, y Bruselas tiene los fondos europeos destinados a España bloqueados, a la espera de unas reformas que no llegan. El país necesita de grandes cambios que deberían sustentarse en grandes consensos, pero desgraciadamente nuestros gobernantes –de Moncloa, de Govern y de Barcelona- no son capaces de salir de su bloque de izquierdas para buscar aliados en formaciones alejadas del populismo.

La crisis económica que vivimos no va a superarse con sectarismo, sino con mucho sentido común y empatía por parte de la administración, especialmente con aquellos que intentan mantener a flote sus negocios y empresas. Los puestos de trabajo no los va a generar la administración pública, sino el sector privado; y cuánto antes asumamos esta realidad, antes podremos ser útiles a los ciudadanos.

El sector privado no nos reclama ayudas, sino que les permitamos trabajar. El estado de alarma ha permitido a los gobiernos limitar muchos derechos, sin control parlamentario alguno -especialmente en Cataluña donde el Govern sigue en funciones-, y la mayoría de estas decisiones se toman con una opacidad impropia de unos partidos políticos que supuestamente presumían de haber venido a regenerar la política. La paralización y la prohibición se han convertido en la norma, cuando en su lugar deberíamos facilitar y agilizar. Y de esa dinámica tampoco ha escapado el Ayuntamiento de Barcelona, donde la tónica general es la de obstaculizar -en lugar de incentivar- la actividad económica.

Cuando se ponen trabas a la creación de puestos de trabajo, a la apertura de nuevos negocios, a la llegada de inversión extranjera, a la recuperación del turismo, al acceso a créditos o a la entrega de ayudas, se pone un freno a la economía y se condena al desempleo a miles de ciudadanos; cuando lo que deberíamos estar haciendo es permitir, a todo aquel que lo quiera, abrir su negocio lo antes posible, ampliar la terraza de su bar o conceder con celeridad la ayuda económica que necesita.

Todas las actuaciones deben atenerse a la norma, por supuesto; pero nunca deben suponer un ahogo administrativo en el mar de la burocracia. Si el estado de alarma ha permitido restringir libertades de los ciudadanos, sin duda debe poder permitir agilizar procedimientos de la Administración. Y es en ese sentido que desde nuestro grupo, vamos a pedir al Gobierno municipal que, en aquellos sectores claves para la generación de puestos de trabajo, otorgue las licencias solicitadas de forma automática y sin dilación, confiando más en los ciudadanos y realizando una revisión ex post.

No hay mayor gesto de confianza en los ciudadanos que este. El mensaje es simple: creemos en ti, necesitamos de tu valentía y emprendimiento para superar esta crisis, y ninguna ayuda económica que podamos darte va a ser más efectiva que permitirte emprender y mantener tu negocio abierto. El “vamos a salir más fuertes” no debería ser solo una campaña de marketing, sino el anuncio de la clara voluntad de la administración por trabajar codo con codo con el sector privado, allanándole el camino para que, efectivamente, todos salgamos más fuertes.

Generar riqueza no es delito, criminalizar al sector privado y a la empresa es de una miopía enorme; y aprovechar una crisis económica para tejer una red clientelar sustentada sobre las subvenciones públicas es vergonzante.

Quizás por eso Bruselas bloquea nuestros fondos.