No es necesario echar mano del dinero público a espuertas, como han hecho los independentistas desde la Generalitat durante decenios, para conseguir que el Estado sufrague las campañas publicitarias que solo sirven a los propósitos del partido que autoriza el gasto.

Los medios de comunicación catalanes se hacían eco ayer de una encuesta realizada entre 2.020 inquilinos de la que se desprendían títulos como que en Barcelona los alquileres habían subido un 42,3% en los últimos años, que el 50% de los inquilinos habían sufrido asedio inmobiliario o que vivir de alquiler es sinónimo de vulnerabilidad.

En el estudio han colaborado La Hidra Cooperativa, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, el Instituto de Gobierno y Política Públicas (UAB) y el Sindicato de Inquilinos. Uno de los tres grandes apartados del análisis consistía en valorar las ventajas que tiene para un ciudadano afiliarse a una organización dedicada a la protección del derecho a la vivienda; o sea, asociarse al citado y archipublicitado sindicato.

Ah, un pequeño detalle: la encuesta se refiere al periodo que va entre 2014 y 2018, el último ciclo de alza de los precios inmobiliarios.

Como todo el mundo sabe, desde el 2018 la tendencia es a la baja, y en 2020 se ha acentuado hasta el punto de que en diciembre pasado el descenso interanual de las rentas del alquiler en Barcelona fue del 20%. Un fenómeno en el que al parecer no influye la recurrida ley de limitación de alquileres aprobada por el Parlament de Cataluña en septiembre pasado. Son fenómenos mucho más prosaicos, como el trasvase de pisos turísticos al mercado residencial y el consecuente aumento de la oferta, los que inciden en la evolución del mercado.

El deseo manipulador de nuestras autoridades municipales, cuya mano es perfectamente visible tras la marioneta, trata de preparar los ánimos de la gente para dimensionar la respuesta popular al rechazo de una ley presuntamente inconstitucional cuya vigencia no ha tenido ningún efecto. Si lo tuviera, en caso de que pasara el corte del Tribunal Constitucional, sería justamente el contrario de lo que pretende: retiraría oferta del mercado del alquiler, lo que presionaría al alza los precios.