El gobierno municipal de Ada Colau y Jaume Collboni ha decidido que los vecinos de Sant Andreu deberán someterse a la recogida de residuos Porta a porta sí o sí, pese al manifiesto rechazo de los vecinos y las vecinas y a la casi nula aprobación de la oposición.
De hecho, está previsto que el próximo 18 de octubre se amplíe a casi 6.000 hogares más del barrio en la llamada Fase 2.
Cerca de un millar de vecinos se han organizado como plataforma para mostrar su desacuerdo con el nuevo sistema. Denuncian no haber podido participar en el diseño de un método que los llevará a cumplir con los objetivos deseados por las administraciones, pero que no sea un sin vivir su gestión.
La lista de agravios es bastante larga: imposición del material a utilizar (bolsas y contenedores) sin saber su coste futuro, rigidez de horarios, cesión obligada de datos personales, contaminación acústica elevada, tanto por la combustión de los vehículos, como por el obligado uso de las compactadoras derivado de la alta densidad de viviendas; ausencia de bonificaciones impositivas, vulneración de los derechos de las personas con discapacidad que han de sortear cubos y bolsas por doquier, una importante proliferación de roedores y, para acabar, una convivencia forzada durante horas con la basura por las calles del barrio, degradándolo y afectando el comercio y la restauración.
Lamentablemente, ninguna de estas fundamentadas quejas ha hecho rectificar al Gobierno municipal de Barcelona.
En ningún caso se plantea por parte de los vecinos y de los grupos municipales que nos oponemos al Porta a porta en Sant Andreu la negación de la necesidad de aumentar el compromiso de la ciudadanía de reciclar más y mejor, pero imponer cambios transcendentales en el día a día de las personas sin hacerlas partícipes del proceso, e implantar el sistema de la forma menos flexible posible plantea dudas razonables sobre si realmente los comunes y los socialistas están altura de generar un cambio de paradigma.