Por el apetitoso precio de 1,2 millones de euros anuales durante tres años, una empresa del trotskista capitalista Jaume Roures traspasará las bases de datos de la ciudadanía barcelonesa desde un centro privado a uno público. Bajo otro nombre comercial, la alargada sombra del entramado transnacional Mediapro se embolsará el dineral público para “implantar un nuevo modelo de gestión de las tecnologías de la información y comunicaciones” y para “separar los servicios TIC en servicios profesionales de infraestructuras y servicios profesionales asociados a la gestión de productos o plataformas de software”. El clásico lenguaje reiterativo e interesadamente confuso de la caterva de Colau para enmascarar otro de sus dedazos a una empresa propiedad de un amigo muy mucho capitalista.

Traicionado ya su tan cacareado y fingido anticapitalismo, la alcaldesa ha olfateado donde están las manos que le echarán de comer cuando salga escaldada de la política. De ahí que lleve años abonando con contratos y adjudicaciones hasta a sociedades del presidente de la Fundación Nova Historia, chiringuito ultraderechista dedicado a falsificar la historia de Cataluña. Mediante la tapadera Serveis Culturals, el pasado octubre ya había obtenido 23 adjudicaciones y subvenciones del Ayuntamiento, del Institut de Cultura y del Institut d’Esports. Su capo di capi es el ultra supremacista Albert Codinas, quien propaga que Colón, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Leonardo de Vinci y Erasmo de Rotterdam eran catalanes. Semejante personaje también está vinculado con un mínimo de cinco empresas que se lucran de las ubres municipales para negocios como dinamizar espacios para jóvenes, organizar talleres y alquilar muebles.

El amiguismo, el enchufismo, el sectarismo y el entramado de intereses y ambiciones personales de Ada Colau le sirve igual para untar al ultracapitalismo vestido de izquierda que a la ultraderecha supremacista.  Sin otra ideología que su egolatría, el despilfarro de dinero público es tan descontrolado y descarado, que el Tribunal de Cuentas ha amonestado al Ayuntamiento porque ha detectado adjudicaciones y contratos irregulares por valor de medio millón de euros. La especialidad de fraccionar contratos para beneficiar a amistades es la misma estratagema que presuntamente llevará al banquillo a Laura Borràs, presidenta del Parlament. Teórica adversaria política de la alcaldesa a la hora de “servir a los intereses del pueblo”, una a lo pija y otra a lo cutre, ambas coinciden en engañar hasta a sus propios votantes.

Hay más. Desde 2018, un tal Xavier Roca era el encargado de repartir contratas del Ayuntamiento como director de Desarrollo del Institut Municipal de Informàtica. Dicho individuo se saltaba hasta las propias normas éticas de las/os comunas/es elaborando contratos a medida por más de un millón de euros a favor de otro amigo del mismo chiringo. Desde entonces, Colau y sus colaboradores necesarios también han adjudicado contratos bajo sospecha y licitaciones turbias al Institut de Cultura de Barcelona y a Cementiris de Barcelona, donde mangonea y caciquea el funesto concejal Eloi Badia.

Cuando ya no queda bastante desodorante para evitar el olor a descomposición de Colau y su gente, se comienza a comprobar que, al igual que el hábito no hace a la monja, vestirse de morado y de feminera no hace a la revolucionaria ni a la feminista.