“El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado instar al Congreso de los Diputados a impulsar una comisión de investigación sobre los atentados y el papel del CNI. La proposición ha salido adelante con los votos a favor de ERC, JxCat y de los comunes”. Así rezaban las crónicas cuando se iban a cumplir los dos años de los atentados de Las Ramblas. La teoría de la conspiración, la posverdad, se hacía un hueco en la vida política catalana. Que el CNI fuera el motor de los atentados era el sueño onírico de los independentistas y de los comunes en aquellos días. “El silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los terroristas de la Rambla revela cómo funciona el poder en España», tuiteó Pablo Iglesias, en aquellos tiempos todavía el líder de Podemos.

Los Mossos no daban crédito a todo el asunto. Ni en 2019 ni ahora. Se habían hartado de explicar por activa y por pasiva al Govern de la Generalitat y a la alcaldesa de Barcelona que “las supuestas conversaciones de los terroristas escuchadas en directo por el CNI en realidad se habían recuperado del teléfono de Mohamed Hichamy, abatido en Cambrils, porque el terrorista tenía instalado en su móvil la aplicación Call Recorder que graba todas las conversaciones y las almacena en la memoria del aparato”, nos contaban las crónicas de hace tres años. 

Estamos en 2022 y un comisario corrupto, de catadura moral más que dudosa, ha vuelto a desempolvar la teoría de la conspiración. El independentismo, como un solo hombre, le ha dado pábulo. Sin ningún tipo de prueba que lo ampare, pero le ha dado pábulo porque Villarejo y los terroristas de Las Ramblas ejercen un poder de fascinación sobre el independentismo, porque dan color a la posverdad que dice que España fue la que provocó el atentado de Barcelona. Una posverdad que no es nueva, ¿o es que no nos acordamos de la mochila de los atentados de Atocha el 11-M que fue agitada fehacientemente contra el gobierno de Zapatero para apuntalar la tesis de que ETA estaba detrás de los atentados?

Sin embargo, entre la foto fija de 2019 y la actual, alguien se ha movido. Es la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. “Quiero pedir que se eviten polémicas que no estén acompañadas de pruebas, que el debate se haga con el máximo rigor hacia las víctimas y evitando luchas partidistas alrededor de las polémicas que se puedan crear en torno al atentado del 17”, dijo tras el alboroto provocado por el desestabilizador profesional Villarejo. ¿Qué ha cambiado en la apreciación de Colau que en 2019 quería comisiones de investigación?

La alcaldesa debe tener los informes policiales. De hecho los tenía ya en 2019. Entonces ¿por qué el cambio de opinión? Seguramente, el escenario político ha cambiado para Colau. En 2019, Podemos no estaba en el Gobierno y la pugna con el PSOE era a cara de perro tras las elecciones de abril de ese año que obligaron a un nuevo ciclo electoral en noviembre. En estas, Podemos entró en el ejecutivo. Ahora Colau cuida y riega con esmero el jardín de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y debe pensar que no es el momento de ponerse estupenda y más cuando las elecciones de 2023 están como quién dice a la vuelta de la esquina. Y en esas elecciones, los comunes quieren hacerse con votos y saben que esos votos no vendrán de los sectores más soliviantados e hiperventilados del independentismo.

Los partidos soberanistas se han lanzado en tromba. Han desempolvado la posverdad y alimentan la idea de que el Estado opresor no dudó en provocar un atentado para amedrentar a Cataluña y para conseguir sus objetivos no han dudado en tirar a la papelera la opinión de los Mossos, de la policía catalana. Colau también la alimentó, pero quizás el tiempo la ha hecho reflexionar. Dicen que rectificar es de sabios. No me atrevería a decir tanto, pero la alcaldesa ha estado a la altura. Aunque solo sea una vez, bienvenida a la cordura.