El proyecto de los comunes que se ha convertido en una especie de icono, las superillas, corre el riesgo de quedar paralizado. Muchas entidades han presentado alegaciones, y la plataforma Salven Barcelona, incluso, ha llevado el proyecto a la Fiscalía, con el objeto de paralizarlo de inmediato. Existe un consenso sobre la necesidad de mejorar la calidad medioambiental de las grandes ciudades. Y se puede considerar que Barcelona precisa de cambios importantes en toda su configuración urbana, que no puede realizarse, sin embargo, sin el concurso del resto de municipios del área metropolitana, porque para sus vecinos se trata de una misma urbe, en la que trabajan, viven, pasan el tiempo de ocio, y ofrecen y reciben diferentes servicios. Pero la determinación del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, dominado por los comunes, no parece el más indicado para acometer esos cambios.

La superilla del Eixample, que pasa por una enorme transformación de la calle Consell de Cent desde Vilamarí hasta Paseo Sant Joan, con sus calles adyacentes, puede afectar de forma notable a todo el conjunto de la ciudad y, por tanto, a los vecinos que entran y salen de toda el área metropolitana. En esa tesitura, y con la alcaldesa Ada Colau sacando pecho de su proyecto, aunque nunca entra en los detalles –así se desprende de su última intervención pública sobre esa cuestión el pasado viernes en un acto organizado por la entidad Formació i Empresa— surge la pregunta sobre el papel que debe tener el PSC en toda esta historia.

Los socialistas cogobiernan la ciudad de Barcelona. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento es Jaume Collboni, que se ha concentrado en el área económica, con distintos éxitos en los últimos meses, como la designación de Barcelona como sede de la Copa América de Vela, o el acuerdo para ampliar el distrito económico del 22@. Sin embargo, la percepción que existe en esos mismos ámbitos económicos es que Collboni “deja hacer” o “no se impone lo suficiente” frente a los comunes en proyectos como la superilla del Eixample.

Un gobierno de coalición es complejo. Y en un ayuntamiento todavía más. La ley española otorga un gran poder a los alcaldes y alcaldesas. La oposición no suele ocupar grandes espacios en los medios de comunicación, porque tienen poca capacidad para actuar. No es el caso de los parlamentos, sean los nacionales o los autonómicos, donde los partidos de la oposición tienen sus momentos estelares, con mucha capacidad legislativa para poner en marcha proyectos o para intentar transformar o detener los que surgen de los gobiernos. Ante esa tesitura, surge la gran pregunta: ¿debería el PSC de Jaume Collboni salir ahora del gobierno municipal, para desgastar a la alcaldesa Ada Colau y dedicarse a una tarea de oposición a un año de las elecciones?

Al margen de lo que cada uno pueda considerar, parece claro que esa actitud no se entendería en estos momentos. Si se ha gobernado durante todo el mandato, ¿no sería un gesto populista e irresponsable querer ahora ejercer de oposición?

En un momento de gran confusión política, en el que las grandes familias políticas han quedado desterradas –en Francia hay que tener en cuenta que ni neogaullistas ni socialistas tienen ya futuro, con partidos que han obtenido ínfimos apoyos en las elecciones presidenciales—parece razonable pensar que lo responsable es cogobernar, defender lo que se cree y ayudar en lo que puede ser beneficioso para el conjunto de la ciudad. El PSC se ha plantado con el proyecto de la superilla, con la sensación de que, en realidad, lo que desean los comunes es una gran foto de cara a las elecciones sobre lo querría hacer en Barcelona, barrios muy saludables y preciosos para los ‘Bobos’ –la verdad es que los render que presentan sobre cómo quedaría la ciudad son bucólicos—sabiendo que no lo podrá poner en práctica.

Aunque se haya criticado y con razón una situación de cierta parálisis en Barcelona, lo que sucede en las últimas semanas muestra un gran dinamismo. Hay entidades, patronales, sociedad civil, en definitiva, que se queja, presenta alegaciones a los proyectos, busca nuevos consensos y, si se cree necesario, acude a la vía judicial. La urbe está viva, hay ganas de salir adelante, de crecer, de buscar vías que sean más justas para todos.

Otra cosa será el beneficio electoral de todo ello. El PSC es mayorcito para saber cómo quiere afrontar esas elecciones, y qué opciones tiene para obtener la alcaldía y con qué fuerzas políticas podría plantear un nuevo gobierno municipal. Y sabe cómo se ha recibido en los barrios –Barcelona no es solo el Eixample—las distintas políticas municipales en los últimos tres años. Otra cosa, por tanto, es calibrar si Jaume Collboni podrá rentabilizar todo lo que hace, con más discreción que pompa. Y si, realmente, el PSC quiere intentar algo nuevo o gobernar otra vez con los comunes, pero con un alcalde socialista.

En todo caso, existe una actitud responsable: cogobernar una gran ciudad como Barcelona, con una fuerza política con la que se discrepa más en la forma que en el fondo, más en cómo formula todo lo que impulsa que en lo que desea para la ciudad. ¿O sería más responsable ahora salir del consistorio y a ver qué pasa?