Nos encontramos en la recta final del mandato municipal. A un año para las elecciones municipales comienza a ser el momento de hacer un balance provisional del legado que el gobierno Colau-Collboni dejará al próximo alcalde o alcaldesa. Y si la situación de la inseguridad, la suciedad, el caos de la movilidad o los problemas para acceder a una vivienda a precio asequible ya parecen pasivos de imposible recuperación antes de mayo de 2023, estamos frente a otro fenómeno nunca visto en la ciudad que nos afecta en el tuétano de nuestra historia y de nuestra identidad: la degradación y la pérdida patrimonial, tanto del patrimonio monumental, histórico y protegido, como del que a pesar de no estar catalogado, merece ser conservado y defendido.

Durante todo el mandato, desde el grupo municipal de Junts per Catalunya nos hemos mostrado especialmente activos y comprometidos con la defensa, protección y difusión de nuestro patrimonio, especialmente del protegido por el Catálogo. Hemos presentado diferentes iniciativas y denuncias, tanto en el pleno municipal como en las comisiones de Ecología y Urbanismo, y en la de Presidencia y Seguridad. Y en todos y cada uno de los distritos de la ciudad. Y frente a los medios de comunicación, así como de la mano de las entidades de memoria histórica y de defensa del patrimonio. Pero durante tres años, el gobierno Colau-Collboni ha sido incapaz de impulsar políticas efectivas de protección patrimonial, más allá de titulares mediáticos y compromisos vacíos.

Proteger y difundir el patrimonio de una ciudad como Barcelona, que goza de auténticas joyas arquitectónicas y urbanísticas que abarcan desde los primeros pobladores, pasando por el gótico civil, el novecentismo y el modernismo, es una obligación no sólo política, sino también cívica y moral. Y lo que está ocurriendo en Barcelona en los últimos meses, con actos de vandalismo, robos de elementos ornamentales protegidos y grafitis que han dañado muros, puertas y otras partes de edificios eclesiásticos y civiles, nunca se había vivido. Y el problema no está sólo en comportamientos incívicos y delictivos de una minoría. También lo tenemos, sobre todo, por la dejadez, la falta de prevención y la falta de reacción de un gobierno municipal que es rehén de su relajación ideológica y de relativizar comportamientos antisociales que no pueden quedar impunes. En definitiva, sufrimos un gobierno que tiene alergia a hacer cumplir las ordenanzas municipales amb tots els ets i uts y dar la autoridad que le es propia a su policía, la Guardia Urbana.

Hace pocas fechas, ante la crisis mediática que ha provocado la constante pérdida patrimonial en nuestra ciudad, el gobierno aprobó una medida de gobierno llamada Barcelona, ciutat patrimoni, que llega tarde y sin el presupuesto necesario. Y mientras tanto hemos visto, con estupefacción e irritación, como se estropea Santa Maria del Pi, como la Muralla del Mar se ha convertido en un vertedero de basura, como se destrozan escudos centenarios, como desaparecían elementos de la vía pública como el dragón de metal forjado de la Baixada de de Santa Eulàlia, o como se vandalizaba por tercera vez el monumento a la Sardana en Montjuïc y la Granja del Ritz en Vallbona. Y si debemos referirnos a patrimonio municipal y protegido hay que referirnos también al estado de semi ruina en el que se encuentran el Palau del Marqués de Alfarràs en el Laberint d'Horta o el Hivernacle y el Umbracle de la Ciutadella.

Es necesaria voluntad política para hacer cumplir las ordenanzas y para sancionar ejemplarmente a quienes se atreven a estropear el patrimonio de todos. Y si el gobierno municipal instala decenas de cámaras en las calles para sancionar a los conductores de vehículos que cometen infracciones, que las instalen también en torno a los edificios históricos y patrimoniales protegidos.