Ahora que se aproximan las elecciones municipales de Barcelona, no está de más hacer alguna reflexión que nos haga pensar en quién vamos a votar. La política, palabra que viene del latín Politicus, significa de los ciudadanos o del estado, tiene como tarea la organización de la administración del estado, y como la misma palabra lo define, administrando lo público mediante acciones e iniciativas que persigan solucionar los problemas de la ciudadanía. Una responsabilidad que principalmente está basada en la gestión de los recursos que tiene la administración. Unos recursos humanos, económicos y sociales que previamente se comprometen por los candidatos, y que son los necesarios para alcanzar los objetivos de una determinada ideología política.

Como es bien sabido, el motor de nuestra economía proviene de la iniciativa privada. Esto conlleva necesariamente a que la clase dirigente tenga un conocimiento de la misma para poder tomar las decisiones más adecuadas, sin provocar disfunciones en todos aquellos sectores en los que se sustenta nuestra economía. Pero la verdad es que estamos viendo como nuestros políticos no están al corriente de la realidad social en la que viven, y ya no digamos si hablamos de política municipal. Una política que tendría que estar en permanente y estrecho contacto con las demandas de los vecinos y con el propio motor económico del municipio.

Por desgracia, vemos cómo algunos responsables municipales, cuando tienen que dejar su labor política, no encuentran cabida en el sector privado. Porque la experiencia que tienen del mismo es nula o casi nula. Por este motivo, se ha creado un perfil de político profesional. Es por ello que el político se encuentran en la actualidad muy desvirtuado. Precisamente por eso, el ciudadano da por sentado de que la política es una profesión en sí misma. Esto es una realidad, pero al mismo tiempo un craso error. En política habría que exigir cierto tipo de titulaciones o, si más no, experiencia profesional de aquellos que van a ser los responsables de una materia determinada. Si no, nos podemos encontrar que gracias al desconocimiento que tienen del ámbito privado, sus iniciativas estén descontextualizadas de lo que realmente quieren los ciudadanos.

Habría que pensar que la mayoría de los votantes de una ciudad --por ejemplo Barcelona-- trabajan en empresas del sector privado, o bien son profesionales y autónomos. Pues curiosamente, los políticos que representan a esta mayoría vienen del sector público y no de la iniciativa privada. Una paradoja que nos puede llevar a la conclusión de que no son un fiel reflejo de aquellos a los que pretenden representar.

La maquinaria para las elecciones municipales del 2023 se ha puesto en marcha. Faltan pocos meses para estos comicios, y los principales partidos no han tardado en anunciar a sus candidatos, que o bien son conocidos, o hay que darlos a conocer. La disputa electoral se basa en las estrategias de las empresas de relaciones públicas que gestionarán la campaña, con el fin de que gane las elecciones su candidato. Sin embargo, en estas campañas se echa en falta la experiencia demostrada en la gestión de los recursos que van a tener encomendados.

Cualquier profesional para acceder a un lugar de trabajo necesitará dar a conocer su experiencia y solvencia profesional para el puesto que pretende ocupar. Menos en política, aquí no se demuestra ningún conocimiento específico, ni la idoneidad profesional para desempeñar cualquier tipo de responsabilidad pública. Exclusivamente se opta por convencer a los votantes de que van a ser las personas capaces de velar por los intereses comunes y serán los que a través de sus iniciativas organizarán la ciudad. La profesión política escapa a lo establecido en cualquier desempeño de una actividad regulada por ley. Imaginemos a cualquier gran empresa contratando a su director general sin una mínima experiencia en la actividad de esta compañía.

La actividad profesional se rige por multitud de regulaciones, que si no se cumplen es intrusismo profesional. Pues bien, en política, se puede llegar a ser de profesión político sin haber tenido que demostrar ningún grado de cualificación para ejercer el poder. Y en el caso de los políticos municipales, empiezan a tomar decisiones que pueden llegar a ser traumáticas para el desarrollo de la ciudad. Tendríamos que tener menos profesionales de la política para poder reclamar en política a más profesionales.

El caso de Suiza es paradigmático. Los políticos en este país son llamados políticos milicianos. Son ciudadanos que no viven de la política, cosa que aquí nos parece inimaginable. Su función es meramente al servicio de la sociedad, dado que los parlamentarios, diputados, etc. siguen ejerciendo normalmente su trabajo, independientemente de su función pública. Con una única excepción que son los ministros, un cargo que les obliga, como es normal, a una dedicación plena. Suiza es una democracia muy colaborativa, con muchos mecanismos de participación ciudadana muy arraigados en la población, y que permiten en cada momento valorar las iniciativas de la clase política y su adecuación a los requerimientos de la ciudadanía. Un ejemplo a seguir.