El Baix Llobregat está en pie de guerra por la propuesta de la Generalitat de ampliar la ZEPA, la zona protegida. La consellera, Teresa Jordà, presentó su propuesta de la mano del alcalde de El Prat, Lluís Mijoler. Se las prometía muy felices pero se ha quedado sola. Primero fue el Institut Agrícola Català de Sant Isidre el que puso pie en pared y denunció la ruina de la industria agroalimentaria de la comarca o, lo que es lo mismo, el fin de la agricultura de proximidad para Barcelona. La prueba del algodón, la retirada de inversiones por parte de empresas agrícolas. Se sumaron las cooperativas de Gavà y Viladecans, hartas de problemas con el ACA que no realiza las inversiones necesarias para evitar inundaciones y que veían como la ampliación de la zona protegida les acababa de hundir, porque no se engañen, la ampliación de la zona protegida no la ha solicitado nadie. Ni siquiera Europa, que exige que se cumplan los compromisos adquiridos y que la actual ZEPA se cuide según mandan los cánones establecidos.

Siguieron los ayuntamientos de Viladecans, Gavà y Sant Boi. Los alcaldes intentaron acercar posturas y han acabado presentando alegaciones al proyecto. Tras el Institut Agrícola se sumaron contra la propuesta de Jordà la patronal del Baix Llobregat, AEBALL, el sindicato Unió de Pagesos y Joves Agricultors.

Hacer política desde un despacho tiene estas cosas. Jordà ha acumulado unanimidad en contra de su propuesta. Solo las organizaciones ecologistas y su partido ERC le dan apoyo, aunque en el Área Metropolitana hasta ERC votó a favor de paralizar el proyecto. A la consellera le ha faltado diálogo y le ha sobrado soberbia. Propone una ampliación de la ZEPA cuando la Generalitat ha sido incapaz de gestionar la actual, mucho más pequeña, y no tiene en cuenta que la agricultura de la comarca abastece de productos a Barcelona y representa un 8% de la economía comarcal. Su desaparición provocaría una desestructuración de la comarca porque los payeses abandonarían los campos y su impacto negativo ambiental sería muy superior al que pretende evitar.

La conselleria debería empezar de cero ante tanta oposición. Dialogar con todos los actores y sentar unas bases de futuro con una reordenación del territorio que hiciera compatible el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Hacer política, gobernar, es tomar decisiones, sin duda, pero también escuchar. Algo que la señora consellera no ha hecho. El malestar en el mundo agrícola y en los ayuntamientos afectados deberían hacerla reflexionar. Siguiendo el dicho más vale un día rojo que ciento colorado. De momento, sindicatos, empresarios y ayuntamientos le han sacado los colores. Haría bien la consellera en poner el contador a cero y atender las inquietudes de los afectados, y como gobierno asumir un papel que hasta ahora está mojado.

El Baix Llobregat es un pulmón industrial de Catalunya, pero también lo es agrícola. Ha sufrido la comarca crisis de todo tipo y siempre las ha superado porque sus gentes tienen pulso, su sociedad civil músculo y la administración local está acostumbrada a lidiar problemas. No parece que se vayan a doblegar. Al contrario, la oposición al proyecto del Govern ha ido in crescendo y es obligación del Govern parar, pensar y escuchar. Esperemos que la consellera lo haga porque la ampliación de la ZEPA es innecesaria.