Hemos cambiado la conversación con el dependiente de la tienda de la esquina por un algoritmo de recomendaciones -casi siempre acertadas, por cierto-; hemos sustituido el trato personal por un repartidor que nos pide el DNI para identificar la persona que recibe el paquete. El debate está servido: por un lado, están los que defienden el comercio físico por su proximidad, por el trato personalizado y para contribuir al éxito de estas pequeñas empresas; y por otro lado están los que, por falta de tiempo o por comodidad, prefieren pedir un paquete por internet y recibirlo al día siguiente en casa o en la oficina. Pero… ¿y si ambas opciones no fueran necesariamente excluyentes?

El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, ya ha iniciado su cruzada particular contra el comercio electrónico: la semana pasada anunció la propuesta de aprobar un tributo específico que grave los repartos a domicilio realizados por grandes empresas, popularmente conocida como la tasa Amazon. En particular, se pretende gravar el uso que hacen del espacio público durante el reparto a domicilio con la finalidad de propiciar un cambio de hábitos de consumo y evitar las emisiones y la congestión del espacio público.

En primer lugar, debe señalarse que la medida discrimina el comercio electrónico en favor del comercio físico, pero además distingue a los operadores en función de su nivel de facturación, excluyendo a aquellos operadores que no lleguen a facturar un millón de euros por los repartos realizados en Barcelona. ¿Debe ser que las empresas que no lleguen a tales ingresos contaminan menos? ¿Cuál es la justificación de gravar exclusivamente a las grandes empresas de e-commerce? Tendremos que estar atentos a ver qué tienen que decir los juzgados cuando se apruebe, porque la medida parece al menos cuestionable en términos del derecho europeo y de la competencia.

Pero esto no es todo; la medida ignora la realidad que pretende regular y actúa como si el comercio electrónico y el presencial fueran dos modelos de comercio exclusivos y excluyentes; nada más lejos de la realidad. A modo de ejemplo, Amazon trabaja con más de 2.000 pymes catalanas que registran ventas internacionales de más de cien millones de euros anuales. Es decir, las pymes demandan los servicios ofrecidos por las grandes plataformas de comercio electrónico y, sin embargo, la Tasa Amazon también va a afectarles. De hecho, dados los ajustados márgenes de estos establecimientos y la inelasticidad de la demanda, lo más probable es que el gravamen se traslade a los consumidores.

En segundo lugar, si el objetivo es realmente reducir las emisiones, una medida eficaz y no discriminatoria es el peaje urbano de congestión; propuesta que desde el Instituto Ostrom llevamos divulgando desde el año 2018 y que en 2022 diferentes entidades ecologistas ya propusieron al consistorio. La implantación de este peaje podría reducir de media un 11,4% las partículas PM10 y un 9,2% las de óxidos de nitrógeno, al evitarse la circulación de 76 millones de vehículos al año en Barcelona (ISGlobal, 2017).

El gobierno municipal tampoco justifica por qué las externalidades ambientales de esta actividad comercial merecen un gravamen adicional. Si bien la propuesta parte de la hipótesis que el comercio electrónico contamina más que el físico, la evidencia sugiere que este último emite 2,3 veces más emisiones de CO2 de media para la compra de productos no alimentarios (Oliver Wyman, 2021). Si bien estos datos no son extrapolables a todas las realidades --el uso del comercio electrónico y los desplazamientos para las comandas son distintos según la densidad urbana, por ejemplo--, el Ayuntamiento no ha presentado ninguna evaluación de impacto ambiental hasta la fecha.

Por último, cuando el Ayuntamiento de Barcelona aboga por un cambio de hábitos de consumo en favor del comercio físico, está básicamente protegiendo a determinados establecimientos comerciales, aquellos que no utilizan los canales digitales.

La Comisión Europea ha expuesto en numerosos informes el carácter injustificadamente restrictivo de la normativa comercial española y catalana. De hecho, considera al comercio minorista como uno de los “sectores protegidos”, con un bajo nivel de competencia, que dificulta, junto a otras variables, la recuperación de la economía y su reorientación hacia un modelo de crecimiento. ¿Proteger cómo, hasta qué punto, por qué y para qué? ¿Es compatible esta nueva medida con la digitalización del comercio? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿De veras que esta tasa es lo mejor que se nos ha ocurrido?

El gobierno Colau tiene una habilidad especial para abrir nuevos debates, pero cualquier intervención pública debería responder a un objetivo concreto y ser capaz de justificar su impacto sobre ese mismo objetivo. No está claro que este sea el caso de la nueva tasa Amazon.