El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dar lo que cabría interpretar como un guantazo a la justicia belga, a la que ha desautorizado claramente. Según manifiesta el auto publicado ayer, que no es recurrible, la ley no permite negar la entrega de ciudadanos españoles a los tribunales españoles, y mucho menos con el argumento de que el Tribunal Supremo no es competente para los delitos que se imputan a los dirigentes del procés.

Si los tribunales belgas quieren incumplir el acuerdo de la Unión Europea sobre euroórdenes, deben recurrir a un mecanismo excepcional y no basta con que afirmen que los encausados corren riesgo de no ser juzgados con equidad: han de demostrar que la justicia española adolece de “deficiencias sistémicas y generalizadas”. O bien explicar con datos que en España existe un “grupo objetivamente identificable de personas” cuya tutela judicial es deficiente; es decir, que hay minorías perseguidas.

Los portavoces del nacionalismo irredento se han apresurado a retorcer el fallo para convencer a sus seguidores de que dice lo contrario de lo que realmente dice. Carles Puigdemont afirma que las extradiciones han entrado en “vía muerta”, cuando lo cierto es que el TJUE abre la puerta a que el Tribunal Supremo español presente cuantas euroórdenes considere necesarias y “proporcionadas”.

El independentismo de JxCat trata de mantener el relato sui generis de la realidad alternativa, como ha venido haciendo en los últimos años, un empeño que ha agotado incluso a sus votantes, a los que ha terminado por desmovilizar. Y que lo aísla sin más compañía que la de los activistas de la CUP, políticos de vocación extraparlamentaria y marginal.

La prudencia inical de la Generalitat a la hora de pronunciarse sobre la sentencia europea se ha disipado posteriormente dejándose arrastrar por la interpretación victimista neoconvergente. Ya veremos si el candidato Xavier Trias es capaz de mantener el tipo o acaba por sumarse al disparate.

No hay actividad política más realista y pegada al terreno que la municipal, que exige gestión y tangibilidad, no discursos victimistas. Si Trias quiere mantener las expectativas que alimentan las últimas encuestas, debería revisar su relación con los fugados. Si la ayuda que JxCat le va a proporcionar en la campaña electoral la marca su secretario general, Jordi Turull, ya puede darse por perjudicado. El martes, cuando aún no había tenido tiempo ni de leer el fallo del TJUE, ya se había declarado miembro de un “grupo” discriminado y perseguido por sus ideas. Esa afirmación, en boca de un señor que ha sido conseller de la Generalitat, aspirante a presidirla y militante del partido que ha gobernado Cataluña durante décadas, mueve a risa.

No digamos ya si procede del actual Consell Executiu de la Generalitat, que ejerce de opresor y discrimina al grupo mayoritario de castellanohablantes de la comunidad autónoma imponiendo el catalán como lengua vehicular en la enseñanza, en la Administración, en la sanidad pública y en los medios de comunicación que controla.