En Barcelona ha vuelto a ganar la apuesta por el intervencionismo económico y la hiperregulación: el Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el nuevo Plan de Usos del Eixample; un plan que, según el consistorio, tiene que servir para contribuir al equilibrio entre el comercio y la restauración, el descanso de los vecinos y el fomento del comercio de proximidad en el distrito. Su ámbito de aplicación es todo el distrito --alrededor de 746 hectáreas-- y pretende restringir la implementación de determinados negocios, como son los locales de restauración y autoservicio, tiendas de conveniencia, supermercados o gimnasios, entre otras.

Particularmente, busca establecer unas distancias mínimas y un número máximo permitido para cada tipo de establecimiento, así como unas superficies mínimas y máximas de los locales. Todo ello con la finalidad de evitar un “monocultivo” de actividades dedicadas principalmente a la restauración y al turismo, y así potenciar la implementación de comercios “relacionados con las necesidades diarias de los vecinos”.

No es nada nuevo: ya existen planes de usos vigentes para la calle Girona o el barrio de Sant Antoni. Sin embargo, la novedad del plan aprobado el pasado viernes es que pretende que estas restricciones del mercado se apliquen en la totalidad del distrito más poblado de la ciudad y en el que, según el estudio municipal, las licencias de restauración representan casi un tercio del total en Barcelona.

El plan define dos ámbitos diferenciados: por un lado, las calles ya pacificadas, en proceso de pacificación o que esté prevista su pacificación en un futuro (áreas de tratamiento específico; ATE), que van a sufrir una normativa más restrictiva; y por el otro, el resto del distrito (zona única de regulación; ZU). En particular, las ATE están integradas por: Enric Granados, Av. Mistral, Ctra. Ribes, Av. Gaudí, Rocafort, Comte Borrell, Girona, Consell de Cent, Tamarit, Parlament i Aldana. Sin embargo, sorprende --o no-- el afán intervencionista del consistorio que trata el resto de las calles del distrito no comprendidos en las ATE como si sus características fueran homogéneas. Ante la falta de rigor y capacidad normativa, restricción para todos.

Nos hemos hartado de escuchar que esta regulación era necesaria porque el proyecto de la Superilla del Eixample --impulsado igualmente por el propio Ayuntamiento-- iba a gentrificar las calles colindantes. Sin embargo, el consistorio se extralimita y aprovecha la ocasión para restringir la actividad económica de las calles de todo el distrito, sin justificación alguna. Una desproporcionalidad normativa que impone las mismas condiciones sin discernir entre zonas con diferentes niveles de concentración de las actividades reguladas y con características concretas de la red vial y el tejido urbano que minimicen o amplifiquen las molestias generadas por las actividades objeto del Plan.

Un plan de este calado debería partir de un estudio económico y en términos de competencia que cuantifique los costes y beneficios esperados de la normativa y permita justificar la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones impuestas. Sin embargo, la intensidad de las restricciones aprobadas por el Ayuntamiento no está vinculada al nivel de externalidades negativas que presenta una determinada actividad. De hecho, ni siquiera se cuantifican dichas externalidades: ruido, humos, malos olores, tráfico, ocupación del espacio público, etc.

A partir de ahora, cualquier comerciante que quiera iniciar una actividad económica en el Eixample deberá estar al acecho y asesorarse bien. De hecho, le auguro un futuro lucrativo a aquél que escriba un manual práctico de aplicación del Plan de Usos.

Las últimas semanas ha habido un gran revuelo político porque en breves finalizaba el periodo de aplicación de la suspensión de licencias. Si no se aprobaba un nuevo plan antes del mes de marzo, no podría haberse vuelto a introducir un instrumento de planeamiento con la misma finalidad y para el mismo ámbito en un plazo de tres años. De ahí las prisas de los Comuns, que han tenido que apelar, una vez más, a la "responsabilidad política" para que el resto de los grupos municipales les diera su apoyo. Un concepto que les ha servido para camuflar su incapacidad para conseguir los consensos políticos necesarios para aprobar una normativa de tal magnitud.

Tanto es así que en la audiencia pública del pasado jueves el consistorio reivindicaba “Pla de usos o barbarie”. La oposición ha ratificado la política de proclamas vacías por enésima vez. Esperemos que en las próximas elecciones gane una formación con capacidad de liderar el debate público y que no sucumba a discursos moralistas, si es que la hay.