Con retraso y precipitación, el Ayuntamiento de Barcelona pretende aprobar la modificación de la Ordenanza de Circulación para regular los patinetes. La norma llega con retraso al haberse iniciado su proceso de tramitación en el año 2021, y puede finalizarse con precipitación. Las prisas siempre son malas consejeras, y la Ordenanza modificada podría aprobarse en el próximo y último pleno a celebrar el día 28 de este mes, justo antes de las elecciones municipales. En el periodo de información pública he impugnado la norma y formulado distintas alegaciones.

Considero que es imprescindible regular ya el uso del patinete, y estoy de acuerdo en la pretensión municipal, acorde con la del Estado, de limitar su velocidad a 30 kilómetros por hora, exigir al conductor portar casco o prohibir su circulación en aceras. Sin embargo, creo que la normativa debería ir más allá y así debiera ser reclamado desde el consistorio en ciertos aspectos no contemplados.

No entiendo por qué, si los VMP o patinetes circularán por las calzadas junto al resto de vehículos rodados, no se les exige disponer de un seguro de accidentes y poseer un carnet o licencia de conducción que acredite un mínimo de conocimiento de las normas de tráfico. Estas exigencias son una cuestión de seguridad, y un agravio entre conductores dado que circular en patinete bajo los efectos del alcohol o drogas, con exceso de velocidad, con auriculares o dispositivos telefónicos o desde la imprudencia manifiesta, además de la sanción económica no conllevará la pérdida de puntos en el carnet de conducir porque no están obligados a disponer de él.

La modificación es también una oportunidad perdida para habilitar que las motos y ciclomotores puedan circular por el carril bus/taxi. No se entiende que se mantenga esta prohibición cuando es un elemento de seguridad para los motoristas y no se perjudica la velocidad comercial del transporte público. Aún es más incomprensible esta restricción cuando en Barcelona las bicicletas sí pueden circular en ciertos carriles bus. En las grandes ciudades españolas las motos también pueden hacerlo. Sin embargo, en nuestra ciudad, capital europea de las motos con más de 200.000 vehículos, no pueden. ¿Qué sería del tráfico en Barcelona sin las motos? Aún más atascos. También las motos deberían ser habilitadas por Ordenanza a optar por circular por los arcenes de los túneles en caso de congestión en el tráfico y en aras de la salud de los motoristas.

Por otra parte, la norma es deficiente por su inconcreción, carencias e incluso confusiones en sus redactados o incongruencias y contradicciones en sus contenidos. La Ordenanza modificada debe ser entendible para el ciudadano que debe respetarla y para la Guardia Urbana que debe velar por su cumplimiento, pero lamentablemente el texto no lo promueve.

Sorprende que en el expediente municipal el informe de la Guardia Urbana apenas sea de un folio de extensión y de nulo contenido, o que no se aporten estudios de entidades especializadas como el RACC. También debiera avalarse jurídicamente la competencia del Ayuntamiento para desarrollar la Ley de Seguridad Vial, y el no ser preciso su desarrollo por Reglamento estatal o el por qué el consistorio extiende la vigencia del texto a parques como el de Collserola cuando es obvio que no es una vía urbana.

También en su preámbulo o disposiciones adicionales, la norma debería contener distintos consejos de seguridad y de compromisos municipales para disponer, la Guardia Urbana, de medios suficientes para hacer cumplir la ordenanza en cuestiones tales como la intervención o inmovilización de los VMP, controlar su trucaje... También debería considerarse su prohibición de circular en túneles y la recomendación de utilizar prendas reflectantes y una mayor concreción de las características técnicas para que un VMP reciba tal consideración, así como especificar de forma diáfana que solo pueden circular en ellos el conductor y no una segunda o terceras personas. Aunque parezca una obviedad, la realidad luego la desmiente.

La movilidad es cambiante, y más tras la pandemia y la crisis, y con la proliferación creciente de los VMP en las calzadas. Ello obliga a replantear el urbanismo táctico promovido desde la cochefobia de Ada Colau, y hacerlo desde auditorías rigurosas sin sectarismos ideológicos e improvisaciones en carriles bici, zonas 30, restricciones injustificadas, cambios de sentidos en la circulación o de las superillas. Lo que menos ha hecho la alcaldesa era a lo que estaba obligada: más y mejor transporte público. La precipitación electoral y las ganas de hacerse la foto antes de las elecciones no deberían primar sobre el rigor obligado.