El artículo 47 de la Constitución dice que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. El artículo 33 reconoce “el derecho a la propiedad privada y a la herencia”. Y el 17 sentencia que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”.

Sin embargo, la protección constitucional de la dignidad ciudadana que reflejan esos tres artículos está permanentemente cuestionada porque los derechos básicos se han mercantilizado, de manera que su garantía no emana del Estado; cada individuo tiene que ganársela. Y no una vez, sino a diario.

Es curioso, pero solo uno de estos derechos –el de la vivienda-- ha sido materia de debate político y objeto de una ley específica aprobada en el último tramo de la legislatura, probablemente con fines electorales. Aún resulta más llamativo que el gran impulsor de la norma, Podemos, se apoya en el citado artículo 47 para anular el 33; incluso se ha inventado la definición de “partidos rentistas” para descalificar a quienes aceptan que un ciudadano tenga un piso en alquiler, ya sea adquirido por él mismo o heredado. Más que poner el foco en el papel del Estado como encargado por la Carta Magna de garantizar el derecho al uso de la vivienda, la formación de Pablo Iglesias cuestiona el derecho a su propiedad. O sea, impugna la Constitución.

El derecho a la seguridad también está monetizado, aunque nunca ha llamado tanto la atención. Un solo dato revela hasta qué punto es así: España es el cuarto país del mundo en número de alarmas instaladas, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón.

Ese récord es el resultado de campañas publicitarias tan machaconas y sibilinas como eficaces en las que nos convencen de proteger el piso cuando salimos de vacaciones, vigilar la segunda residencia el tiempo que permanece vacía y conservar ambas si nos vamos de viaje.

Securitas Direct, líder en España, es considerada el sherpa de este negocio, porque es la que abre nuevos nichos de mercado, sus spots son soberbios y su cuenta de resultados va como un tiro: en el primer semestre del 2022 facturó el 40% más y mejoró sus beneficios un 64%.

Prosegur es la segunda en el ranking y sigue a rueda de la primera con un incremento anual de dispositivos instalados del 15%. Línea Directa acaba de inaugurar un nuevo producto rompedor: la cobertura específica de okupación dentro del seguro de hogar.

No es de extrañar que a la vista de este negocio tan próspero, un personaje como Dani Esteve se haya lanzado con un marketing radical en vísperas electorales a propósito de los casos de la Bonanova, la Ruïna y el Kubo. No le debe resultar fácil de entender que su marca, Desokupa, pase apuros económicos cuando a otros del sector les va de maravilla. Solo el tiempo nos dirá si obtiene algún retorno de su campaña estrafalaria de mano dura y alianza con la extrema derecha del mes pasado.

Lo primero que necesita una empresa de seguros es persuadir al mercado de que su producto es necesario y, después, un gran canal de distribución, que normalmente participa en su capital. Línea Directa cuenta con Bankinter. Prosegur, nada menos que con Movistar. Y Securitas Direct con Caixabank, Vodafone y Mapfre. Parece que Desokupa está muy lejos todavía de una estructura empresarial con suficiente solvencia para gestionar desde el lado oscuro del negocio siquiera una pequeña parte de las 15.000 okupaciones que se denuncian cada año en este país.