Todo centrado en la campaña electoral de las elecciones generales. Aunque cada partido tiene sus intereses particulares, y los ámbitos de responsabilidad son distintos, lo que suceda en el Congreso de Diputados tendrá claras consecuencias en Barcelona y en el conjunto de la política catalana. El alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, ha tratado de iniciar el mandato con autoridad, marcando la agenda, muy centrado en la seguridad y en el distrito de Ciutat Vella, y con plena confianza en sus cuatro tenientes de alcalde. Pero sabe que deberá, en algún momento, negociar con un socio que le ofrezca estabilidad durante el mandato.

Algunos responsables del sector económico en la ciudad señalan que Collboni debería olvidarse de esos socios y gobernar con “geometría variable”. Esa posición viene secundada por la apuesta del PP, que dirige Daniel Sirera, que pasa por intentar gobernar con el apoyo únicamente de sus cuatro concejales. Serían 14 ediles: los diez del PSC y los cuatro del PP. Es una cifra muy insuficiente para buscar, desde esa base, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos, a partir de mediados de octubre. En todo caso, es una posibilidad que exigiría una enorme cintura política.

Collboni desea otra cosa, y sabe que el Ayuntamiento de Barcelona no es una isla. Aunque las encuestas señalan que la victoria del PP en las elecciones generales estaría ya asegurada, --con el apoyo externo o dentro del Gobierno de VOX—existe la posibilidad de que el socialista Pedro Sánchez aguante en La Moncloa. Pero si lo consigue será gracias al apoyo de partidos como ERC –y, puede que también JxCat.

En esa tesitura, y como apuntan los propios dirigentes socialistas, entenderse con ERC en Barcelona y en el Parlament de Catalunya será necesario. Los republicanos deberán, en todo caso, decidir si cambian a su líder en el consistorio, Ernest Maragall, y si prefieren modular su actitud respecto a los socialistas catalanes. Eso sería importante para Collboni, pero lo decisivo es la actitud que pueda tener a corto y medio plazo el grupo municipal de JxCat, ahora muy distante, y con ningún deseo –ahora—de facilitar las cosas a los socialistas en el Congreso.

Esa es la clave del mandato del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, y también de cara al PSC en el Parlament de Catalunya. Porque, aunque la operación con los comunes –con alta probabilidad sin Ada Colau tras las elecciones generales—tuviera éxito, las políticas concretas que se podrían implementar no son las que querría el equipo de gobierno de Collboni.

La realidad del voto en Barcelona –y cada vez más en todas las elecciones, como se podrá comprobar en las generales del 23J— es muy compleja, con varias posibles lecturas. Por ello, Collboni podría esperar más de la cuenta para lograr ese socio necesario. Su ventaja es que cuenta con miembros en su equipo municipal que están muy acostumbrados a la negociación y al pacto. Es el caso del teniente de alcalde Jordi Valls, el encargado del área económica del Ayuntamiento.

Lo que realmente desea Collboni es hacer ver que hay otro alcalde, que hay otras prioridades, que Barcelona ha iniciado un cambio hacia el “orden”, como él mismo ha verbalizado. La mayoría de elecciones en las democracias occidentales en los últimos años se empeñan en no ofrecer un poder claro a nadie. El PSC logró la alcaldía de Barcelona tras un doble pacto con los comunes y el PP. Ahora puede gobernar, pero, al margen de la potestad que la ley otorga a los alcaldes, que no son un ‘primer ministro’, y que poseen un amplio margen de actuación, no parece posible que Barcelona se pueda gestionar con sólo diez concejales.

Es cierto que la pelota está en manos de los comunes y de JxCat, principalmente. Los dos grupos, tras las elecciones generales, deberán asumir que Collboni es el alcalde, después de una operación que puede ser criticada, pero que fue posible y válida. Y a partir de esa realidad deberán sopesar los intereses de la ciudad y sus propios intereses en el conjunto de la política catalana.