El gobierno catalán tiene poca mano con las oposiciones a funcionarios. Las penúltimas ni siquiera se veía capaz de organizarlas, de modo que las privatizó con un gran éxito: gustaron tanto que hubo que repetirlas. En estos días andan liados los enseñantes que opositan a una plaza. Históricamente, estas oposiciones se celebran tras haber finalizado el curso, de modo que los titulares que forman los tribunales no pierdan clases. Habitualmente terminaban en el mes de julio, se publicaban las listas de aprobados y las plazas vacantes, de modo que en septiembre cada cual estaba con su cada cual. Pero desde hace un tiempo, el gobierno catalán -tan eficaz en la gestión que ya ni se sabe cuál es el tiempo de espera en la sanidad pública-, decidió que no había que apresurarse: si las listas de aprobados se publicaban en septiembre u octubre, los profesores que aprobaran podían incorporarse a su destino al año siguiente, sin agobios de tiempo ni problemas. “Esto es así desde hace al menos cuatro años”, señala un portavoz del sindicato USTEC. “Hemos protestado porque nos parece inadecuado, pero el Departamento va a su aire y no nos hace caso”.

Para colmo, este año las oposiciones son especiales. El Gobierno central aprobó un decreto que facilitara la regularización de montones de interinos que llevaban años contratados. Dio de tiempo para esta regularización hasta diciembre de 2024, de modo que Ensenyament ha programado las oposiciones sin prisas. “Hay quien opta al concurso de méritos y se presenta en Catalunya pero también en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Cuando sabe que tiene plaza en un lugar, renuncia a las otras y hay que mover las listas”, explica un portavoz del Departamento. “Además, las plantillas para el próximo curso ya están definidas”.

“Es verdad que las oposiciones de este año son muy masivas”, replica el portavoz sindical, “pero se han convocado en todas partes y Catalunya es la única autonomía que da las notas después del verano. Todas las demás las publican antes”. La misma fuente añade que no cree que el Departamento tenga mala intención, más bien se debe a “falta de medios y, desde luego, falta de previsión”.

El número de opositores en Catalunya supera los 36.000. Una cifra considerable, pero lejos de los 80.000 que en el mes de mayo se presentaron para ingresar en Correos, sin que hubiera necesidad de esperar varios meses a saber quién ha obtenido la plaza. ¡Cómo para traspasar la gestión de Rodalies!

Los sindicatos son realmente benévolos respecto al Gobierno catalán, porque cabe otra interpretación: que la falta de previsión forme parte de la política de desmantelamiento del sector público llevada a cabo sin prisas ni pausas por los gobiernos nacionalistas de Catalunya. El actual ha puesto fin a las ayudas a las escuelas concertadas que segregaban a niños y niñas, pero es el mismo partido al que pertenece quien era consejero de Educación cuando se aprobaron esas ayudas: Ernest Maragall, entonces en el tripartito, como militante del PSC. Aquella ley se aprobó con los votos del resto de nacionalistas (CiU). Votó en contra Iniciativa, que formaba parte del Ejecutivo.

Cuando el gobierno catalán se hizo cargo de la educación, tras serle transferida, los institutos de bachillerato eran centros de élite. Públicos y gratuitos. Y precisamente por eso, los alumnos que suspendían solo podían repetir curso si lo aceptaba la junta de evaluación. Los que suspendían por desinterés o vagancia tenían que buscarse la vida en un centro privado, pagando y permitiendo que el dinero público lo aprovechara alguien con verdadero interés. Jordi Pujol acabó con eso. Autorizó las repeticiones tantas veces como fuera necesario. Lo que se buscaba era que los que pudieran pagar se fueran a las escuelas privadas, a las que se regó con ayudas públicas. Y como el dinero es limitado, conviene recordar que cada euro que va a un centro privado (muchos de ellos de la iglesia) es un euro menos para los centros públicos.

Ahora se ataca la estabilidad del profesorado haciéndolo bailar sin consideraciones. Puede que este año haya razones para dilatar la publicación de las listas de aprobados y su incorporación a los centros, pero en la medida en que esto ocurre desde hace tiempo, cabe mal pensar que se trata de una más de las medidas contra la educación pública. Una interpretación que resulta beneficiosa para los responsables de la educación catalana, ya que da por supuesto que saben lo que hacen.  Lo contrario sería suponer que pasa porque son incompetentes. Un consejero tal vez lo sea, pero es estadísticamente poco probable que lo sean todos.