El pasado jueves 27 de julio se constituyó el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una vez configurados los ayuntamientos resultantes de las últimas elecciones municipales. El AMB es una administración relativamente desconocida para el ciudadano pese a tener el tercer presupuesto público de Catalunya, incluyendo las compañías del transporte. Es, por tanto, un ente capital de gestión de servicios, de inversiones en los municipios, de solidaridad territorial y hacia las personas y debiera estar en salvaguarda de las disputas estériles partidistas.

El mandato metropolitano 2023-2027 ha de encarar cuestiones fundamentales. Para ello es primordial que la obligada visión metropolitana se imponga a la radical lógica local o imperante, dicho de otra manera, la de aquellos alcaldes cuyos compromisos supramunicipales tornaba en “reinos de Taifas” una política negacionista de facto de la realidad metropolitana. No se puede ser metropolitano de día y municipal de noche, ambas son, han de ser, y hemos de hacerlas, compatibles.

Deben alcanzarse distintos retos en estos próximos años y, entre estos:

1. La aprobación del Plan Director Urbanístico Metropolitano, el PDUM. Hasta este otoño se encuentra en su fase de información pública, pero todo apunta que tras ella y a la vista de las aportaciones y alegaciones presentadas por colectivos, entidades y ayuntamientos, deberá procederse a una nueva aprobación inicial.

No obstante, debemos ser capaces de agilizar su aprobación definitiva y dejar atrás el sinsentido de que el planeamiento metropolitano urbanístico y territorial vigente aún lo sea el de tiempos predemocráticos, el Plan General, PGM, de 1976 y que a su vez derivaba del Comarcal de 1953. Un PDUM al que deberá seguir la aprobación del correspondiente Plan de Ordenación Metropolitano (POUM). No existe impedimento alguno, al contrario, sería conveniente, que impida la aprobación inmediata de este segundo planeamiento tras la ratificación del PDUM, pero para ello es imprescindible que el POUM estuviera ya redactándose y perfilado en paralelo a la aprobación definitiva del PDUM.

2. El desarrollo pleno del potencial metropolitano de promoción de vivienda pública. Ya en 2015, en el acto de constitución del AMB surgido de las elecciones locales de aquel año, la entonces Presidenta Ada Colau se comprometió a promover un operador público metropolitano de vivienda. Ochos años después, esta construcción de vivienda social es aún testimonial. Es imprescindible una política de promoción de pisos públicos y de obtención de suelo, junto al IMPSOL e INCASOL, para dar respuesta techo, preferentemente de alquiler social.

Por cierto, de seguir el relato de algunos, con este ejercicio de una competencia municipal, se estaría “privatizando” la construcción de vivienda social. Este operador metropolitano, una empresa mixta, hace realidad la imprescindible colaboración público-privada para alcanzarlos y de gestión al servicio de quien más lo precisa.

3. La movilidad será metropolitana o no será y conlleva desde la inversión en las infraestructuras y de la gestión del transporte público a la concreción de la movilidad privada. A ello deben sumarse actuaciones en aparcamientos y la aprobación de ordenanzas de circulación que, junto a las pertinentes, resuelvan la movilidad en vehículos como la propia bicicleta o los VMP, los patinetes.

4. Una fiscalidad justa y correlativa a los servicios prestados es precisa porque sigue siendo una de las asignaturas pendientes del AMB. Desde su inicio esta fiscalidad estuvo mal planteada al vincularse la financiación del transporte público a un recargo metropolitano sobre el IBI para financiarlo. Posteriormente una nueva figura, el tributo metropolitano persevera en el erróneo planteamiento fiscal por ser injusto, al obligarse a nuestros vecinos metropolitanos a financiar por igual servicios que le son prestados de forma desigual en sus barrios o municipios, e injustificado al vincularse esta financiación de servicios con la propiedad, el IBI, cuando no guardan relación alguna. Rectificar y una redefinida y ajustada fiscalidad es obligado.

5. Otros retos han de ser la seguridad y la convivencia o la promoción económica, de empleo a la cohesión social y en barrios. Comporta políticas ciertas, mancomunadas y coordinadas en seguridad y normativas de convivencia. La lucha contra la delincuencia y el incivismo también ha de tener una respuesta metropolitana e igualmente las okupaciones ilegales de viviendas.

La promoción económica en aras de la creación de empleo y de la cohesión social ha de ser objetivo y este AMB herramienta de gobierno en favor de los municipios y de nuestros vecinos. El eje Besòs ha de tener toda su relevancia también en la nueva economía y las personas y los barrios han de seguir siendo ejes centrales de las políticas metropolitanas y precisan de refuerzo en su intensidad y eficacia de gobierno desde la solidaridad metropolitana.

La incerteza de la configuración de gobierno en España y la incógnita del escenario político y electoral en Cataluña o la probable reconfiguración de gobiernos municipales a partir del próximo mes de septiembre, quizá el de Barcelona entre ellos, no deben alterar todo lo anterior.

Es imprescindible un AMB fuerte, bien gestionada y desde la entente institucional. Sin permitirse ni otras actitudes ni renunciar a compromisos en beneficio de todos los ayuntamientos y de todos de sus vecinos para una gestión metropolitana de la buena y desterrando la política de la mala.