La tecnología lo permite. Ha existido siempre, pero ahora la economía informal lo tiene mucho más complicado. Airbnb es una realidad, opera en todo el mundo, y las grandes ciudades han querido protegerse, con regulaciones de distinta intensidad. Metrópoli entrevistó la pasada semana a uno de los tres fundadores de la compañía, director de estrategia, Nathan Blecharczyk. La plataforma de pisos turísticos quiere recuperar su espíritu inicial, con una mayor incidencia en los propietarios de las viviendas que no quieren especular, sino que buscan unos ingresos adicionales, además de contactar con personas de diferentes países. La empresa quiere deslocalizar el turismo, llevando a los “huéspedes” a hogares lejos de los centros de las grandes ciudades. Lo hace porque cree en ello, y porque las autoridades locales han interiorizado que el turismo no se puede concentrar en centros urbanos, porque se complica la vida, y de qué manera, a los ciudadanos locales. Lo que está en juego es un difícil equilibrio, porque la vivienda, la escasez de ella, se ha convertido en el principal problema, sea Barcelona, Madrid, París, pero también Mallorca o Toulouse.

En los años sesenta, setenta e incluso ochenta, muchos propietarios complementaban sus ingresos con el alquiler de una habitación a estudiantes o profesionales que se instalaban en una ciudad de forma temporal. Eran ingresos que no se declaraban, que no constaban en la contabilidad local o nacional. Hoy eso es mucho más complicado. Empresas como Airbnb son conscientes de que sus “anfitriones” deben pagar impuestos, y así lo señalan de forma detallada. También Airbnb debe pagar con mayor transparencia sus impuestos. Y todo está a la espera de una regulación por parte de la Comisión Europea, como insistía Blecharczyk en la entrevista, para que cada uno sepa a qué atenerse.

La cuestión es que, como siempre ocurre, pueden pagar justos por pecadores. El confundador de Airbnb señalaba que la media de beneficios de sus “anfitriones” en Barcelona se sitúa entre 4.000 y 5.000 euros anuales. No es mucho, admitía, pero sí es una cifra significativa. Todos conocemos personas que han prestado una habitación, a través de la plataforma, y esos ingresos son importantes para acabar de pagar gastos y para algún capricho. Pero también deciden dejar esa habitación para contactar con personas, para conversar, para visitar juntos la ciudad.

Eso lo deben tener en cuenta las autoridades locales. En las próximas semanas, el alcalde Jaume Collboni, deberá tomar decisiones sobre la gobernabilidad de la ciudad. Y puede mirar a izquierda y derecha. El partido de Xavier Trias, JxCat, le pide la regulación de los hogares compartidos en el Peuat, que permita "el registro de los hogares compartidos en los mismos términos" que el decreto 75/2020 de la Generalitat, que prevé alquileres que no superen los 31 días con un máximo de cuatro plazas por vivienda y que la licencia la pida, de verdad, la persona que vive y resida allí durante la estancia del “huésped”. En cambio, los comunes de Ada Colau le reclaman a Collboni que elimine hasta 8.000 pisos turísticos.

El acceso a una vivienda digna es un derecho que está fijado en la Constitución, pero con los años ha derivado en un activo financiero, y nunca ha dejado de ser la gran receptora de los ahorros de la mayoría de los españoles. ¿Jugar en la Bolsa, comprar acciones de empresas? No, mejor invertir en viviendas. Y ese es el gran problema, que se ha instalado en las mentes de los ciudadanos. Plataformas como Airbnb pueden distorsionar el mercado, pero no son las responsables de la falta de vivienda accesible.

Legislar es difícil, nadie lo duda. Barcelona debe saber hacerlo de cara a los próximos años, coordinada con todas las ciudades del área metropolitana. Collboni deberá decidir entre la más liberal JxCat o los más restrictivos comunes.