En su particular viaje a ninguna parte, la líder de Catalunya en Comú se empeña en imitar los errores de Pablo Iglesias, que no sabe cómo acabar con Podemos, el partido que él mismo fundó y aún dirige extramuros.

La actitud suicida del exvicepresidente se podría entender por su deseo de venganza contra Yolanda Díaz, la delfina que le salió rana, y contra Pedro Sánchez, que se ha librado de él sin mover un dedo. Iglesias trabaja ahora para que el PP reedite la mayoría absoluta en Galicia y darle así a Alberto Núñez Feijóo el argumento que busca para proseguir su combate contra el segundo Gobierno de coalición del PSOE.

Pero el caso de Ada Colau es incomprensible. Se ha echado al monte y más que nunca trata a sus votantes –a los barceloneses en general-- como si estuvieran atontados de populismo. En una de sus últimas apariciones en las redes sociales arremete contra el PSC porque Josep Antoni Acebillo, arquitecto de los consistorios socialistas de los 90, ha visto desestimada su petición de medidas penales contra la exalcaldesa por malversación en las obras de Consell Cent.

Ella mete al urbanista en el mismo saco que al PSC y a ambos en el contenedor del capitalismo especulativo que personalizan esos fondos buitre, empeñados en destruir su labor política mediante demandas judiciales. “Nunca antes ningún alcalde de la ciudad sufrió tal acoso ni fue obligado a declarar en los juzgados por denuncias sin base alguna”, se quejaba en Instagram del lawfare que ha padecido.

Olvida que un tribunal de lo contencioso administrativo ordenó la reversión de las obras de Consell de Cent, mal llamada superilla, porque transformaron una vía local en una vía cívica, lo que supone un cambio encubierto del Plan General Metropolitano. Y, además, se hizo con 25 millones de los fondos europeos Next Generation.

También prefiere ignorar que ella misma ha usado los servicios jurídicos municipales para su guerra personal con los medios de comunicación críticos. De forma reiterada durante sus dos mandatos el consistorio declinaba responder a las preguntas de esas cabeceras para reclamar después, vía tribunales, el derecho a dar su opinión, lo que técnicamente se llama “rectificación”. [La ley ampara que cualquier implicado en una información publicada opine al respecto, pese a que en su momento no hubiera respondido a los requerimientos informativos. Y la exalcaldesa se dedicaba a difundir esa falsa rectificación a través de las redes y de los medios afines.]

O sea, promovía el lawfare de forma reiterada para fabricar una noticia falsa con la que denigrar a sus enemigos y presumir luego --en las redes y en diarios subvencionados y obedientes-- de las “rectificaciones” a que los jueces les obligaban.

La reforma de Consell de Cent ha beneficiado a sus vecinos, pero solo a los que son propietarios, cuyos inmuebles se han revalorizado tras la peatonalización, que también ha subido los alquileres. Además, ha desviado el tráfico a la congestionada calle Valencia. O sea, que no ha contribuido a ninguno de los dos grandes retos que tiene planteada la ciudad: la vivienda y la contaminación. Y, por si faltaba algo, el proyecto urbanístico incumplió la ley.

Que Colau trate ahora de desviar la atención con la cortina de humo de una no admisión a trámite judicial engaña a muy pocos. La realidad es tozuda: prohibir los coches en una sola calle es una perversión del propio concepto de superilla con efectos no deseados sobre la ciudad y sus habitantes.