Las elecciones catalanas son una oportunidad para poner de manifiesto la necesidad de Barcelona de dotarse de un marco de relación justo desde la Generalitat y con su Ayuntamiento. Es el momento de definir una agenda de gobierno que subsane los incumplimientos y carencias que han caracterizado el menosprecio barcelonés de los sucesivos ejecutivos catalanes en el tiempo.

Al maltrato histórico en inversiones, financiación y servicios padecido por Barcelona debe sucederle un trato capital y de reconocimiento por parte de la Generalitat.

El nacionalismo de antaño tornado ahora en abiertamente independentista ya solo reclama la secesión y no un nuevo Estatuto. Desde Barcelona, en cambio, debemos perseverar en la defensa del Estatuto y de un nuevo estatus para la ciudad.

Hagámoslo desde la convicción de que los ayuntamientos catalanes tienen entidad propia y no derivada como los “estelados” pretenden. Los consistorios son lo que son por su propia idiosincrasia y sin tener que pedir permiso ni ser lo que son, o aspiran a ser, por una previa concesión de la Generalitat. Igual que ésta, son administración, con sus competencias y recursos, y por eso son también Estado.

Barcelona no precisa de tutelas de la Generalitat para poder definir una mejor financiación y de ámbito competencial en el marco de una plenamente desarrollada, y a la par novedosa, Carta Municipal. Una Ley Especial con un real reconocimiento del continuo metropolitano y del potencial municipal y en el que el gobierno catalán sea también barcelonés con hechos.

Este reclamado nuevo estatus de la ciudad debe reconocer el trato capital merecido. Debe ser diferenciado, por la singularidad barcelonesa, y diferente al actual trufado de carencias y déficits de servicios e inversiones. Son lustros de negación de los equipamientos precisos escolares, sanitarios, policiales o para nuestros mayores y personas discapacitadas. Años de retrasos y de promesas incumplidas en favor de la vivienda social y en los barrios o de movilidad con la construcción de la línea L9 de metro o el túnel de Horta e infraestructuras para garantizar agua con trasvases y su regeneración. Por otra parte, ¿cuándo los votos de los barceloneses valdrán lo mismo, y no menos, que los del resto de catalanes con un distrito o circunscripción electoral propia? 

De aceptar el razonamiento independentista, no el mío, debiera concluir que “la Generalitat roba a Barcelona” al financiarnos testimonialmente solo con el 7% de los ingresos públicos municipales. Mientras, la cicatería de la administración autonómica es absoluta con nuestra ciudad en el impago de la deuda ciudadana y de los gastos de capitalidad o suplencia. 

Barcelona aporta un 30% del PIB catalán, pero las inversiones anuales apenas alcanzan el 15% y sin disponer de publicidad alguna de las balanzas fiscales entre Barcelona y Catalunya. ¿Hemos de hablar entonces de un expolio barcelonés? 

Los secesionistas pretenden que Barcelona sea la capital de su estado independiente. Yo prefiero afianzar un estado de la ciudad sin intervencionismo público y en colaboración público-privada desde una administración municipal prestigiada, fortalecida y eficaz. Una ciudad-sociedad en libertad y con emprendedores, segura, con compromiso social, capital de Catalunya y una gran capital de España. Por todo ello, y mucho más, Barcelona se merece un trato capital.