A los funcionarios de la administración central del Estado, especialmente a los jueces, no les gusta Barcelona. No es una plaza para hacer carrera y, además, es un foco de conflictos, de forma que procuran no acercarse a la ciudad, a no ser que quieran pasar un fin de semana y visitar la Sagrada Família. Ya pusieron mala cara cuando se decidió que la sede de la Escuela Judicial fuera barcelonesa y no madrileña. Desde el primer momento han intentado revertir la situación. Como de momento no se puede, han optado por nombrar una directora del centro que tiene su residencia y su trabajo de verdad en la capital de España. Dos golpes a la vez: se comunica que no hace maldita la falta que haya nadie en Barcelona dirigiendo la formación de los jueces y que, además, puede hacerse a ratos perdidos. Y, sin embargo, algo que sería considerado un escándalo en cualquier otra institución, no ha provocado reacción alguna. Seguramente también por dos motivos: la decisión del Consejo General del Poder Judicial (caducado hace más de cinco años, pero donde permanecen atrincherados los miembros designados por el PP) ya no sorprende a nadie. Y, más importante aún, los poderes públicos de la propia Barcelona tienen otras prioridades. ¡A saber cuáles serán!

Que la directora de la Escuela Judicial de Barcelona viva en Madrid es un elemento más en la lenta degradación de una Barcelona de donde emigran los poderes reales empezando por la banca. Aprovecharon las veleidades independentistas para instalarse en otros puntos. Ahora, con el independentismo a media asta, también puede irse el Banco Sabadell por motivos muy claros: económicos. Dicen los historiadores que la peseta se inventó en Barcelona, pero hoy, con el euro, el poder real está en Madrid. Barcelona se está convirtiendo en una capital de provincias, bastante provinciana, por cierto. Una ciudad buena para pasar unos días de asueto, hacer turismo gastronómico y, como mucho, ir a la playa. A ver la Moreneta, una de las excursiones que se vende a los turistas, ya es más complicado porque ahora, como para tantas cosas, hace falta cita previa. Te la dan por internet, lo más parecido al Espíritu Santo.

Es posible que el insulto del CGPJ a Barcelona no haya provocado reacciones porque, a estas alturas, ¿cómo escandalizarse por el comportamiento de los jueces? Alguno habrá, pura estadística, que se empeñe en aplicar las leyes, pero la mayoría de ellos parece empeñada en hundir la poca credibilidad que le quedaba a la institución. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha caído del caballo y ha reparado en ello cuando una denuncia contra su mujer ha sido admitida por un juez proclive a ello. Pero la cosa viene de antiguo. Y sigue.

De todas formas, Barcelona sigue siendo un buen punto de observación para los futuros jueces. Pueden aprender en directo cómo se consigue que acusados de delitos muy graves y autores confesos de fraude fiscal duerman cada noche en su casa y dejen lugar en las celdas para los robagallinas. Sin ánimo exhaustivo, ahí están las dilaciones poco comprensibles de los juicios a la familia Pujol (son un montón y ninguno en prisión); los aplazamientos del caso 3%, que parece una pila duracell por lo que dura y dura; o Jorge Fernández Díaz, que poco parece temer que deba acabar pagando por la creación de la “policía patriótica”. Los futuros magistrados aprenden así a hacer lo mismo cuando lleguen a Valencia y deban juzgar a Eduardo Zaplana, el enfermo de leucemia más sano de la historia de la medicina; o si los destinan a la meta final, Madrid, entonces ya sabrán cómo tratar a Rodrigo Rato, otro ministro de Aznar, con problemas judiciales. ¡Qué empeño en hacerle quedar mal!

El jurista y profesor emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha Luis Arroyo Zapatero acaba de publicar un texto en la revista jurídica El Cronista que sirve para entender por qué a nadie le ha importado la arbitrariedad del CGPJ hacia Barcelona: “Si hubiera un Consejo responsable no debería pasar lo que ocurre en el juzgado número seis de la Audiencia Nacional, donde entre otros muchos asuntos se sigue el llamado ‘caso Villarejo’ contra quien se acumulan más de 30 piezas separadas y en cinco años apenas se le ha condenado por una”.

El texto se titula “Coup d’Etat en el Consejo General del Poder Judicial”. Villarejo acaba de ser imputado ahora por otro caso más en Barcelona. Pero no hay problema. Los jueces saben bien que en esta ciudad los asuntos judiciales no corren prisa, se pueden organizar desde Madrid, a tiempo parcial. Y a nadie le importa.