El robo de cobre ha sido la causa de los numerosos problemas de la red de Rodalies en la última semana, desde el día de las elecciones autonómicas, el 12 de mayo. Sin embargo, esos problemas se arrastran en el tiempo debido a la falta de inversión durante años. Los partidos independentistas, durante el mismo día de los comicios, quisieron llevar el agua a su molino, al señalar en las  redes sociales que Catalunya debería controlar todas sus infraestructuras, porque cuando el servicio corresponde al Gobierno central –el de toda España—nunca se soluciona nada. Ese es el argumento que se repite una y otra vez: cuando las cosas no funcionan como sería adecuado, la respuesta es que el Govern de la Generalitat debería controlarlas, y se pone como ejemplo Ferrocarrils de la Generalitat, que presta un buen servicio, sí, pero es que es como un carrusel, con unas líneas acotadas, que son mucho más fáciles de mantener.

Ha sucedido con el debate sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat. Cuando se discute sobre cómo se podría alargar la tercera pista, sobre cómo aprovechar bien la inversión de 1.700 millones de euros de Aena, lo principal para los partidos independentistas, JxCat y ERC, es controlar el propio aeropuerto: la gobernanza, le llaman.

El inicio del procés, el que ahora con las elecciones catalanas del 12 de mayo –que han dado la victoria al PSC—se considera que ya ha muerto, tuvo un primer hito: la manifestación en diciembre de 2007 con el lema de Somos una nación y decimos basta. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras. La propia aseveración ya tiene miga. Se puede ser una nación –Catalunya es una nación cultural—y ser parte de un Estado que tiene una administración, unas inversiones y un plan para el conjunto del territorio. ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra, con el derecho a controlar ‘nuestras’ infraestructuras? El hecho de que el servicio se preste en Barcelona y en el área metropolitana no implica que deba ser algo que controle la Generalitat. Dependerá de los acuerdos a los que se llegue y de la responsabilidad de cada uno.

Y aquí llega la clave del problema. En 2007 se desgañitaba el líder de ICV, Joan Herrera, pidiendo explicaciones al Gobierno central, por los fallos en Rodalies, y también por los problemas derivados por las obras del AVE. La entonces ministra de Fomento, la socialista Magdalena Álvarez, se convirtió en la diana de todos, en gran medida porque ella tampoco supo ni explicarse ni tener mano izquierda. Pero Joan Herrera tenía toda la legitimidad para la crítica: se pasó años indicando que la inversión se debía situar en el servicio de Rodalies, en la Gran Barcelona, y que la reivindicación del AVE a cualquier precio tendría consecuencias. Lo vemos ahora.

Durante muchos años Cercanías funcionó correctamente. Eran los tiempos de la socialista Mercè Sala al frente de Renfe, hasta mediados de los años noventa. Ella misma impulsó también el AVE. Pero los partidos nacionalistas en el Congreso, --en realidad el más importante fue siempre CiU—no estuvieron pendientes de cómo evolucionaba ese servicio. Lo único que importaba, porque se consideraba un agravio, es que el tren de alta velocidad comenzara su andadura con la conexión entre Madrid y Sevilla. Y todos los esfuerzos y toda la fuerza dialéctica se puso en esa reclamación, en la de dotar a Catalunya del AVE. Hoy las cuatro capitales de provincia están conectadas, con errores como la estación de Camp de Tarragona, que no está ubicada, precisamente, en Tarragona. ¿Cercanías del área metropolitana de Barcelona? Connais pas.

El Gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, trató de revertir la situación, con inversiones y planes para mejorar toda la red. Se decía en aquellos años, en 2007 y 2008, que había vías que no se renovaban desde la Guerra Civil, con tramos como el de Barcelona a Vic que apenas habían mejorado en décadas y décadas. Pero las inversiones necesitan varios ejercicios, planes a medio y largo plazo, y la crisis económica de 2008 lo paró todo.

Las mejoras en Cercanías –los planes, por lo menos—no llegarían hasta el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez –porque el de Mariano Rajoy capeó la crisis como pudo y cuando la situación mejoró intentó recuperar esas inversiones en el mismo año 2017, cuando los partidos nacionalistas ya eran independentistas y estaban en otra cosa—y el dinero está ahora disponible. ¿Qué no se nota todavía? Lógico, pero nadie discute en estos momentos que hay un Gobierno que se ha puesto a ello.

Hay un plan en dos fases, hasta 2025 y hasta 2030, para mejorar de forma sustancial el servicio de transporte ferroviario. Los recursos están garantizados, las adjudicaciones en marcha y las ejecuciones comienzan a dar resultados. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de los partidos políticos catalanes? El PSC tiene claro que debe presionar siempre, aunque el Gobierno sea del PSOE, para que esas inversiones se mantengan en el tiempo, pero no tiene la actitud de Junts per Catalunya o de ERC, que insisten en que ’Madrid’ perjudica seriamente a Catalunya. Cuando no se invertía en Cercanías toda la atención estaba puesta en el AVE. Sólo protestaban unos pocos, como Joan Herrera. Cuando se invierte, se considera que todo es un desastre, que el ‘Estado’ debería dejar todo eso en manos de la Generalitat. Y se intenta que, en el mismo día de las elecciones, se asocie el mal funcionamiento de Cercanías con el PSC, porque eso se decía en carteles electorales de ERC.

¿Es todo eso responsable? Los partidos nacionalistas se pasaron años sin apenas decir nada en el Congreso. Ni había seguimiento ni se consideraba un problema grave. Ahora que se ha establecido un plan –que debería consolidarse, al margen del color del Gobierno del Estado en los próximos años—sí se protesta. ¿En qué quedamos?