Desde hace unas semanas un coche equipado con cámaras toma imágenes de los vehículos que ocupan indebidamente el carril reservado al transporte público barcelonés. De momento, el número de sanciones viene a ser de una treintena al día, lo que indica claramente que la voluntad recaudadora atribuida generalmente a las multas no se sostiene. Si de verdad se buscara aumentar los ingresos municipales por esa vía, los cien millones (más o menos) que el Ayuntamiento ingresa cada año se multiplicarían por diez e incluso por más, porque la indisciplina viaria en la ciudad es muy alta. En el Eixample que, por motivos de densidad económica, es el distrito donde se imponen más multas, resulta totalmente imposible recorrer cualquiera de las calles que tienen carril-bus sin comprobar que en casi todas las manzanas hay alguien ocupándolo indebidamente, ya sea un turismo que circula, un vehículo que efectúa carga y descarga o, a veces, porque alguien que ha decidido parar para tomarse un café en un bar y no va a cansarse andando un centenar de metros y, además, pagando la zona azul o verde, si la hubiera.

La ocupación del carril del transporte público tiene una primera consecuencia: reduce la velocidad media de los autobuses que circulan por la zona ocupada y, por lo tanto, empeora el servicio. Quien se para en él para ahorrarse unos minutos carga todo ese tiempo sobre decenas y decenas de usuarios del autobús, cuyo tiempo, por lo visto, tiene mucho menos valor. Y no sólo eso. El conductor de TMB tiene que sortear el vehículo mal estacionado y salir de la zona que se le ha reservado ocupando los carriles destinados al resto del tráfico y entorpeciendo los movimientos de otros conductores. Y debe hacerlo a una velocidad prudente, lo que, se mire por donde se mire, repercute en todos los usuarios de la vía (salvo en el desaprensivo que cree que con él no van las normas).

En calles como Aribau y Muntaner es frecuente que la parada del autobús coincida con algún comercio y que algunos repartidores ocupen el carril en el mismísimo lugar de la parada del transporte público. En estos casos, los conductores de los autobuses, que deben de ir cargados de valerianas para aguantar la tensión que genera tanto incivismo, tienen que parar como pueden y donde pueden y maniobrar provocando no pocas incomodidades a los viajeros que van de pie, pasajeros que tiene que subir y bajar fuera del espacio previsto, y toparse con alcorques o saliendo a media calle o sortear motocicletas semiabandonadas sobre la acera en las inmediaciones de la parada. 

Resumiendo: la ocupación del carril-bus por todo tipo de vehículos resulta carísima a la ciudad ya que reduce la calidad y frecuencia del transporte público de superficie y perjudica al conjunto de la ciudadanía. Es verdad que, sobre todo las furgonetas de reparto, carecen de espacio para sus trabajos porque los chaflanes no los respeta ya nadie, de modo que acaban buscándose la vida a riesgo de ser multados. Quizás sería hora de volver a plantear la función de un pacto de la movilidad que contemplara que el espacio de la ciudad debe de ser compartido racionalmente. De la misma forma que cuando se construye un gran edificio se exige un proyecto que regule las entradas y una posible evacuación, cuando se inaugura un supermercado debería preverse el modo de la carga y descarga. Sin perder de vista que las condiciones de sobreexplotación que sufren muchos repartidores hacen que para ellos unos minutos sean una eternidad, de ahí la tendencia a la indisciplina que les lleva en ocasiones a parar en la calle incluso para abastecer a centros comerciales que disponen de diques de carga y descarga. Diques que, todo sea dicho, con frecuencia se utilizan como almacén, dada la carestía del metro cuadrado en la ciudad.

Los bajos sueldos de la distribución disparan el incivismo; también los precios de los alquileres lo incentivan, y la densidad de población y actividad económica hacen el resto. En este contexto las multas son un parche, una solución de emergencia, pero no responden en absoluto a voluntad recaudatoria. Y las impuestas por ocupar el carril-bus son pura defensa del ciudadano. Además, se mire por donde se mire, infringir las normas puede ser un recurso fácil pero no es en absoluto obligatorio.