Pese a la opinión generalizada en torno a la eternización de los políticos en los cargos, lo cierto es que las altas instituciones públicas funcionan como las grandes empresas en materia de personal. El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, mantiene una gestión de recursos humanos muy parecida a la de las grandes compañías. Un político (directivo) permanece en la organización mientras tiene carrera por delante y hasta que logra el puesto de máxima responsabilidad, la alcaldía (dirección general o presidencia ejecutiva). Luego, a otra cosa fuera de la casa.

Ninguno de los seis alcaldes que ha tenido la ciudad desde el final del franquismo han seguido en el consistorio después de finalizar sus mandatos. Unos, como en el caso de Serra, Maragall y Clos, porque conectaron su salida con otro proyecto, bien fuera un ministerio o la presidencia de la Generalitat.

Y los otros porque no encontraron un sitio cómodo en el plenario después de perder la vara de mando en las urnas. Es curioso, pero en los tres casos –Hereu, Trias y Colau— medió más de un año entre la derrota y la salida del ayuntamiento. El actual ministro de Industria dijo en un primer momento que seguiría como concejal, pero luego cambió de parecer. El neoconvergente en seguida dijo que si no era alcalde, lo dejaba, pero tardó algo más de un año. Y, ahora, la líder de los comunes prepara las maletas pasado un año largo desde los comicios en que perdió la alcaldía.

La fórmula de la Generalitat es distinta. En este capítulo se parece mucho más a las pocas empresas familiares que conservan el paternalismo fundacional. Y se gasta mucho más: 80% del sueldo tras el cese y 65% a partir de la jubilación, más despacho, coche, así como los funcionarios necesarios para mantener todo el engranaje.

Pere Aragonès (41 años) se instala estos días en un pabellón del Palacio de Pedralbes para desarrollar el papel al que sus tres años en Palau le dan derecho. Quim Torra hizo lo propio en un edificio catalogado de Girona gracias a sus casi tres años al frente de la Generalitat. Si Carles Puigdemont no tuviera cuentas pendientes con la Justicia, también disfrutaría de las mismas prebendas por algo menos de dos años de servicio.

En el caso de la Generalitat los beneficiarios son siete, uno más que en el Ayuntamiento de Barcelona, pero si tenemos en cuenta que Jordi Pujol tuvo que apearse del chollo tras el escándalo del fraude a Hacienda y que, probablemente, el prófugo no llegue a disfrutar de la bicoca, al final hay empate entre ambas instituciones.

Ahora caigo en la cuenta de que los dos grandes diarios locales, La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, también tuvieron seis directores cada uno en estos 40 años. El comportamiento de los editores con sus ex fue más cercano al de la Generalitat con los presidents cesados que al del consistorio con los alcaldes salientes, sobre todo en el caso de Godó, que solo echó a cajas destempladas a dos de ellos, frente a los tres de Asensio.