Yerran los que dicen que en Barcelona y en las grandes ciudades españolas el problema guarda relación con los bajos salarios. No hay un problema de vivienda, se dice, sino de salarios, porque no alcanza para casi nada. La cuestión es otra. En muchas ocasiones se ha criticado a los sindicatos por la falta de adaptación a los nuevos tiempos, o por defender más a lo que ya están dentro del sistema que a los que intentan entrar. Es decir, que están más pendientes de los trabajadores más asentados que de los jóvenes que pugnan por lograr puestos de trabajo estables y salarios decentes. Pero los sindicatos llegaron a una conclusión que exigía una contrapartida. Estaban dispuestos al sacrificio, a contener los salarios, porque se entendía que era la forma de ser competitivos en un mundo globalizado.
Hay muchos ejemplos. En las grandes empresas tanto la UGT como CCOO han sido flexibles. También en el sector de la Administración. En conjunto, el poder sindical estableció una ecuación clara: salarios competitivos, a cambio de que se establecieran servicios públicos de calidad. Si una persona tiene un salario ajustado, puede verse compensada a través de un buen transporte público, de una buena atención médica y puede contar con una…. vivienda asequible, o un alquiler social.
¿Eso ha sucedido? En parte sí, porque el estado del bienestar, que en España era minúsculo con la llegada de la Transición, se ha desarrollado de forma notable en los últimos cuarenta años. Pero ha sido dañado desde la irrupción de la gran crisis de 2008. Y una columna vital en ese estado de bienestar, la vivienda, no estuvo presente en la agenda pública de los distintos gobernantes. Se debe decir, también, que la propia sociedad no fue consciente, porque iba aprovechando las oportunidades que ofrecía el mercado y la propia legislación: propietarios de viviendas que en su momento se adquirieron con la etiqueta de ‘social’ se vendieron en el mercado libre con enormes ganancias.
Ahora el problema es ya una necesidad urgente. Hay una demanda enorme de vivienda, porque la propia sociedad también ha cambiado. Inmigración, y cambios sociológicos –separaciones, divorcios, nómadas digitales—han provocado que esa demanda sea mayor. Pero hay que saber el terreno que se pisa.
Lo vienen explicando expertos como el economista José García Montalvo. Lo muestran las propias estadísticas y los barómetros municipales. La mayoría de la población, en ciudades como Barcelona, es propietaria. Y vota en las distintas convocatorias electorales. Y esa mayoría propietaria defenderá sus intereses si al lado de su casa se propone la edificación de un determinado número de viviendas sociales o asequibles, con protección pública.
En una entrevista en Metrópoli, el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, señalaba que los municipios pueden tener suelo disponible, pero deben estudiar muy bien qué quieren hacer con él. ¿Todo para nuevas viviendas? ¿Seguro? ¿No restarán poder económico a los vecinos que ya son propietarios y que no quieren que su principal bien pierda valor en el mercado?
Tal vez la cuestión obliga a realizar operaciones de cirujano. ¿Dónde está el problema? García Montalvo, catedrático en la UPF, señala que está en los que pagan un alquiler a precio de mercado. Es el 16% de la población.
De ese porcentaje –en el conjunto de España—el 39% paga más del 40% de su renta a pagar los gastos asociados a la vivienda, como afirma en una entrevista en El Mundo. Todo eso sucede en las grandes ciudades como Barcelona o Madrid.
Las administraciones deben actuar sobre esa realidad. Y cumplir con ese pacto social establecido con el poder sindical. El tejido productivo en España y en el conjunto de Catalunya ha llevado a esa ecuación: salarios contenidos –aunque se ha subido el salario mínimo en la etapa de Pedro Sánchez de forma notable—a cambio de servicios sociales que faciliten una vida digna. Y hoy lo urgente es servir a los sectores más jóvenes –y no tan jóvenes que no logran altos salarios—con vivienda de alquiler social.
El área metropolitana de Barcelona tiene espacio suficiente para la construcción de esas viviendas. Y también para pisos con un precio asequible para aquellas nuevas familias que se formen en los próximos años.