Las Administraciones que intentaron limitar por ley la escalada de los precios del alquiler dejaron un agujero enorme por el que no pocos propietarios transformaron sus contratos residenciales en temporales. De esa forma, eludieron la aplicación de la normativa.

Esa fuga no se ha producido en 2023, como extrañamente sostiene la Cámara de la Propietat Urbana de Barcelona (CPUB), sino en respuesta a la ley catalana que entró en vigor en 2021 y que al año siguiente fue parcialmente tumbada en el Tribunal Constitucional por invadir competencias ajenas. La ley de vivienda nacional, que sí es de 2023, consolidó la situación respecto al control y regulación del alquiler de temporada.

O sea, que el proceso se inició hace un lustro y responde directa y proporcionalmente a las posibilidades de negocio que ofrece el libre mercado, no a la aparición repentina de miles de inquilinos que no aspiran a lo que antes se entendía como un contrato indefinido, sino a alquilar para 11 o 12 meses.

Parece que el Govern se ha tomado en serio el asunto y hoy mismo el Parlament vota un proyecto de ley con el que se intentará tapar el boquete por el que se escaparon el 20% de los contratos firmados en 2024 y el 13% del año anterior, según los datos ofrecidos por la propia CPUB.

A la vista de cómo está el alquiler en Barcelona y en Catalunya, la iniciativa es oportunísima. Pero uno se teme que de la misma forma que la propaganda que rodeó la implementación de la primera ley no impidió el alumbramiento de una normativa de baja calidad, defectuosa e inconstitucional en esta ocasión pueda ocurrir algo semejante.

Los mercados, el mundo de los negocios, suelen ser más rápidos que los legisladores. No solo en materia de vivienda, como ocurre en las llamadas plataformas tecnológicas, que eluden la legislación propia de su negocio con la excusa de que emplean aplicaciones; las compañías de reparto a domicilio, que se pasan por el arco del triunfo las leyes laborales. Hay muchos ejemplos.

Lo más lógico sería que el legislador se documentara a fondo y consultara con los expertos inmobiliarios y constitucionalistas en paralelo a la apertura de negociaciones con los grupos parlamentarios. Cualquier fórmula con tal de evitar nuevas equivocaciones, tarea que no es fácil, hay que reconocerlo.

Confío en que lo esté haciendo, pero tiemblo cuando la CUP dice que se presta a negociar sus votos con el Govern --ha levantado el veto al PSC-- porque ha llegado a la conclusión de que el aislamiento institucional le perjudica y que debe aparecer en la foto para ser mínimamente creíble.

Igual que cuando Catalunya en Comú trata de rentabilizar el éxito de su Sindicat de Llogueteres en las últimas manifestaciones para desgastar a Jaume Collboni, al que no cesa de acusar de favorecer la especulación. O cuando regatea su apoyo al proyecto de ley mientras arenga a sus bases con propuestas ilegales como la prohibición de adquirir una vivienda si no es para vivir en ella. (No deben saber que su líder, con todo el derecho del mundo, aún mantiene el piso que compró en Valencia en 2007, pese a que hace 10 años que reside en Barcelona.)