En julio el Ayuntamiento de Barcelona aprobaba la propuesta para reformar la Ordenanza de Civismo, el primer paso para poner al día la norma destinada a regular cómo compartimos el espacio público en la ciudad.

El PSC daba así el primer paso para cerrar una de las carpetas pendientes del programa de Jaume Collboni: actualizar una ordenanza que, 20 años después, ha quedado obsoleta en muchos ámbitos.

Los socialistas dieron ese paso con el apoyo de Esquerra y la aquiescencia de Junts, PP y Vox. Los tres grupos se abstuvieron para permitir que se iniciara el trámite. Compartían con el gobierno local la necesidad de actualizar la norma y endurecerla para garantizar el buen uso del espacio público y una convivencia saludable.

Los Comunes se quedaron solos en su rechazo, convencidos de que no hay límite -ni multa- buenos, mientras el resto del pleno les reprochaba la degradación de la convivencia durante los mandatos de Ada Colau.

El teniente de alcalde responsable, Albert Batlle, anunciaba entonces que la reforma se haría con consenso y escuchando a todas las partes. No es para menos, en una norma que aspira a ordenar algo tan frágil y la vez tan cotidiano como la convivencia. Probablemente no haya norma más transversal. Pocas serán más complejas por sus connotaciones sobre la libertad de los vecinos.

En términos genéricos, el texto propone subir las multas por orinar, masturbarse y beber alcohol en la calle. Y añade mecanismos para agilizar las sanciones a turistas, que suelen irse de rositas, o de crucero, sin pagar sus multas. Unas propuestas insuficientes para los grupos que permitieron su tramitación, que abogan por endurecer otros elementos de la norma.

También lo hace la asociación Barcino 5G, que recoge medidas mucho más allá de las propuestas por el gobierno socialista para reforzar la autoridad del consistorio. La idea, básicamente, es que el incivismo tenga consecuencias.

¿Cómo? Por la vía de crear una suerte de “informe de arraigo cívico” que condicione los beneficios de la administración local. ¿El problema? Que esa medida está pensada únicamente para los extranjeros que necesitan de la administración para seguir viviendo y trabajando legalmente en España.  

Aunque para ser honestos, las propuestas de Barcino 5G tienen ideas interesantes. Por ejemplo, que quien acumule sanciones por incivismo y deudas pendientes con el Ayuntamiento “no pueda beneficiarse de la prestación de servicios municipales no básicos”. A saber, cuestiones como el acceso a piscinas o instalaciones municipales deportivas o culturales.

La cosa se complica, a mi entender, cuando se incluye entre las medidas sancionadoras denegar los informes favorables a los solicitantes de permisos de trabajo y residencia.

Igualmente complejo es incluir el requisito de empadronamiento en Barcelona durante una década para acceder a vivienda social. Algo que también proponen desde Junts, pero que no parece que deba ser objeto de una Ordenanza de Civismo.

Muy a favor, por el contrario, de consolidar la responsabilidad de padres y tutores respecto a las infracciones de los menores. También de que el Ayuntamiento apruebe un catálogo actualizado de prestaciones y trabajos alternativos a las multas, para que esos menores que demasiado a menudo son los responsables de comportamientos incívicos sean también los responsables de cumplir la sanción.

En otras palabras, que no todo se solucione rascando el bolsillo de los resignados progenitores, a los que sí es exigible que intenten educar a su prole.

Igualmente razonable me parece la prohibición de consumo de drogas en la vía pública. Si prohibimos beber alcohol en la vía pública, ¿qué sentido tiene permitir fumar porros? O buscar una cierta armonización de ordenanzas cívicas en el entorno metropolitano, vía AMB.

El próximo pleno municipal afrontará la votación definitiva de la Ordenanza de Civismo. Con la oposición garantizada de los Comunes, Collboni necesitará el apoyo de Junts, que ya ha planteado sus alegaciones para apoyar el texto.

En lo esencial, el grupo que lidera Jordi Martí Galbis coincide con la máxima de Barcino 5G: garantizar que la ordenanza se cumple y las sanciones se cobran. También a los extranjeros.

Pero el diablo está en los detalles. Y “detalles” como la petición de que consten en los informes de arraigo los antecedentes incívicos -que Barcino 5G comparte con Junts- puede dar al traste el acuerdo entre socialistas y neoconvergentes.

Martí Galbis advirtió que la ordenanza sólo saldrá adelante si el gobierno municipal acepta en bloque sus 12 enmiendas. Y ya ha demostrado, con las tásser de la Guardia Urbana o la eliminación del 30%, que Junts se ha abonado al ‘todo o nada’.