La semana pasada la Federación de Asociaciones de Vecinos denunció la existencia de más de 8.000 viviendas en riesgo de colapso en Barcelona. Se trata de edificios afectados por aluminosis, un mal aislamiento térmico y hundimientos sobrevenidos. Una situación heredada tras años de promesas incumplidas.

¿Por qué salta ahora la alerta de la FAVB? ¿Por qué esperar a que el número sea tan escandaloso, aunque no todas las afectaciones son iguales? Probablemente por la alerta generada entre los afectados ante la evidencia de que la lluvia de millones prometida por la Unión Europea tras el Covid tampoco recalará en los barrios del Besós, Maresme o Trinitat Vella.

Los 3.670 millones de euros de los Fondos Next Generation para rehabilitación de vivienda que anunció el Gobierno están sujetos a que las obras financiadas terminen en 2026. En el caso de Barcelona, la gran mayoría no han empezado siquiera. Lo que lleva a los vecinos a concluir que esta oportunidad también pasará de largo. De ahí la alarma y las quejas contra el Ayuntamiento actual y los anteriores. Aquí no se libra nadie. 

En su comparecencia ante la prensa, el presidente de la FAVB, Miquel Borràs, lamentó que existen soluciones técnicas y administrativas, pero “la administración no cumple lo acordado” y en ocasiones “políticos y técnicos mienten al vecindario”.

La conclusión de Borràs es que se ha perdido la oportunidad generada por los Fondos Next por culpa de la mala gestión de las administraciones. Una oportunidad que “podría haber mejorado la vida de miles de familias”.

Una oportunidad perdida que duele especialmente cuando recordamos de quién estamos hablando. Porque los problemas denunciados se centran en los barrios periféricos y pobres.

Esto es, en los hogares construidos entre los 50’s y los 60’s del siglo pasado, en esos barrios de aluvión que sirvieron para dar un techo a los inmigrantes de entonces, muchos de ellos de protección oficial.

Se trata, por tanto, de familias de clase media-baja que están en peligro de perder la vivienda sin opción de venderla, comprar otra o encontrar un alquiler asequible.

Unas rentas bajas o muy bajas -se trata de las secciones censales más pobres de Barcelona- que explican también las dificultades para emprender las rehabilitaciones pendientes. Porque la composición socioeconómica de esos vecindarios hace todavía más difícil encontrar comunidades suficientemente cohesionadas y con el poder adquisitivo necesario para afrontar las obras.

Nadie con dos dedos de frente puede esperar que esos vecinos asuman los costes financieros de la rehabilitación de sus viviendas. 

El Ayuntamiento de Barcelona defiende que el programa de regeneración urbana "está tirando adelante" y que se destinarán 170 millones de euros a reformas y rehabilitaciones durante este mandato. Pero la FAVB habla de 2.800 viviendas en riesgo grave en el barrio del Besós y cinco edificios muy graves en El Carmel que ya se comen, probablemente, el presupuesto del mandato.

Por eso sorprende la nula repercusión política de la denuncia de las asociaciones vecinales, que fue ampliamente recogida en los medios de comunicación, como hizo Sofía Díaz en Metrópoli Abierta. O quizá no sea tan sorprendente, si tenemos en cuenta que la responsabilidad no afecta solo a la alcaldía actual.

Al día siguiente, Gerardo Pisarello, al que todos señalan como probable próximo candidato de los Comunes a la alcaldía, protagonizaba un acto político del partido en Barcelona. Ni una palabra sobre las denuncias de la FAVB, en una intervención en la que le dio duro, eso sí, a Felipe VI, al que exigió que condene el franquismo.

Tampoco es que el resto de formaciones con representación en el Pleno del Ayuntamiento se hayan molestado en responder a las quejas vecinales. Ni una palabra desde Junts o Esquerra, PP o Vox.

Como si la degradación de esas viviendas fuera un problema irresoluble, al que más vale no dar demasiada bola. Como si sus habitantes no fueran vecinos de Barcelona. O quizá el problema es que no los ven como votantes.