Los Mossos d’Esquadra se proponen incluir en sus balances anuales algunos datos de los delincuentes, nacionalidad incluida; harán como la Ertzaintza. Una medida que ha sido criticada por quienes consideran que es tanto como regalar un triunfo a los racistas que vinculan inseguridad y emigración.

Es justo lo contrario. Porque no basta con negar las afirmaciones que tratan de aprovecharse de los instintos más elementales de la condición humana para vender su mercancía política; hay que hacerlo con datos.

CIfras fuera de la realidad

Hace unos días oía a un dirigente del PP catalán decir que el 71% de las violaciones en España son cometidas por extranjeros, como sinónimo de inmigrantes. Me sorprendió porque, aunque no tengo el gusto, siempre había considerado que no es de los que se dejan arrastrar, sino que tiene opinión propia y arrojo cuando hace falta.

Los dos estábamos equivocados. El año pasado se dictaron 90 sentencias condenatorias contra adultos por violación (agresión sexual con penetración), y 41 de los culpables eran españoles. Lo que quiere decir que el 54,5% eran extranjeros.

Las estadísticas del INE no distinguen por nacionalidades, por lo que en ese porcentaje deben figurar también los turistas y estudiantes que durante su estancia en España delinquieron.

El hecho de que en el cómputo del 2024 del total de delitos contra la libertad sexual —5.073 casos— el 34,5% fueran cometidos por extranjeros, aun siendo alarmante, vuelve a cuestionar la veracidad de las declaraciones del político al que me refiero.

Si, según los datos del INE, el 19% de los habitantes de España han nacido fuera del país, habrá que concluir que la tasa de ese tipo de delitos está por encima de la que correspondería a la población foránea.

Eso sin tener en cuenta que en el total de la población residente hay más ancianos y niños que entre los inmigrantes. O sea, que una participación delictiva extranjera igualitaria incluso sería más alta del citado 19%, lo que siendo preocupante está lejos del mensaje de ese concejal.

Asunto distinto es la delincuencia que más incide en la alarma social y la sensación de inseguridad de los ciudadanos, como los robos violentos, los hurtos y las okupaciones, donde la participación de extranjeros se dispara. El 65% de los detenidos por los Mossos d'Esquadra el año pasado eran de fuera. Y entre ellos abundaban los reincidentes.

Además de reformar los juzgados para hacer más efectiva la justicia, la Administración ha puesto en marcha operativos especiales --el llamado Plan Kanpai-- para hacer frente al fenómeno y agilizar tanto las detenciones como el juicio y la expulsión si procede.

La nacionalidad no debería ser un dato importante a la hora de establecer el perfil de la delincuencia, pero en las circunstancias que vivimos sí lo es. Nadie se puede escudar en un buenismo malentendido —“No damos este dato siguiendo el código ético del Colegio de Periodistas”, dijo hace unos días alguien de la conselleria de Interior—, cuando está en juego algo tan importante y delicado.

Los países receptores de emigración tienen enormes dificultades de ajuste del Estado del bienestar. Es lo que provoca decisiones como la que ha adoptado recientemente la Unión Europea de exportar el problema a pesar de que su economía no da abasto con la fuerza de trabajo local.

No nos podemos permitir que en paralelo a esas tensiones haya partidos e instituciones que alimenten el odio al extranjero en base a falsas acusaciones con las que únicamente persiguen apoyo electoral, no aportar soluciones. Buscan la brecha para acabar con la democracia.

Efectivamente, no hablar de los problemas en absoluto los hace desaparecer, pero exagerarlos dificulta el debate y la solución; aun sin pretenderlo, contribuye al autoritarismo.